Los dos proyectos de acordadas se refieren específicamente a los casos de juicios irregulares, y podrían tomarse como una respuesta de la Corte ante las críticas que tuvo por la posición que dio sobre esta problemática.
El ministro Víctor Ríos fue el que explicó los alcances de las acordadas. La primera fue elaborada por el ministro Eugenio Jiménez, según dijo, donde se pretende que los pagarés ya utilizados en un juicio ejecutivo no sean presentados en otra demanda similar en otro juzgado.
Aseguró que esto era un problema normativo, una deficiencia del sistema. Indicó que uno de los planteamientos era que los pagarés quedaran en los juzgados de Paz, con lo que deberían estar en resguardo.
Otro era que los pagarés sean sellados al ser presentados, pero igual tengan valor para el circuito financiero.
Finalmente, también que los que sean presentados a través del expediente electrónico tengan unos datos concretos, para que no vuelvan a ser utilizados.
Sin embargo, a propuesta del ministro, el proyecto de acordada fue circularizado con los demás ministros, para que en la próxima sesión del pleno de la Corte se pueda decidir sobre el documento.
Portal. La segunda propuesta de acordada, también explicada por el ministro Víctor Ríos, pretende que las personas víctimas de la mafia de los pagarés denuncien las irregularidades en los expedientes, a través del portal de quejas y denuncias del Poder Judicial.
Según el ministro, deben poner su nombre, los datos del juicio y la irregularidad que supuestamente tienen, para que el expediente sea auditado por la Dirección de Auditoría de la Corte, de modo que luego se envíen los datos al Juzgado de Paz pertinente.
El ministro Manuel Ramírez Candia sostuvo que con la auditoría también se van a controlar las actuaciones judiciales y hallar también otras irregularidades, tales como que el pagaré ya está prescripto, o se embargó algún bien inembargable, lo que daría la posibilidad a una nulidad de oficio.
La propuesta de acordada también fue circularizada con los demás ministros, con lo que también se fijó para la próxima sesión, del miércoles 30 de abril, para resolver sobre la acordada.
Con ello, son dos los proyectos concretos de acordada para tratar de dar una respuesta a las víctimas de la mafia de los pagarés, teniendo en cuenta que la Corte había señalado que cada persona, de forma individual en cada juicio, debía pedir la nulidad de los embargos.
El Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo ya pusieron a disposición su asesoramiento.
El ministro Alberto Martínez Simón, durante la sesión del pleno, explicó acerca de un convenio con el Banco Nacional de Fomento que los cobros judiciales se realicen a través del cheque electrónico. Sostuvo que, de esa manera, se podría realizar una trazabilidad del dinero, a más de darle más transparencia. Además, también detalló que con ese método se ahorrarían muchos trámites, además de papel. Remarcó que esto también podría ampliarse a otras entidades bancarias para realizar el procedimiento.
