Las víctimas son conscientes de que las autopartes robadas vuelven a ser comercializadas por reducidores o intercambiadas por dosis de drogas; también es sabido que los robos responden a una estructura delictiva que encuentra gran demanda, y se ha convertido en un negocio ilegal que mueve millones de guaraníes, llegando al punto de que los objetos son ofrecidos impunemente en redes sociales y hasta con el servicio de delivery.
De acuerdo con la investigación, en las redes sociales, retrovisores y cobertores de retrovisores tienen un costo de G. 150.000 y el doble si son ambos retrovisores; las marcas más solicitadas son, en primer lugar, las de importación vía Chile.
Se ofertan asimismo piezas como la parrilla, que puede costar entre G. 300.000 y G. 450.000. El delivery va incluido. El robo de las autopartes de estas marcas coincide con el reporte de los autos más robados en el 2024.
Otro aspecto preocupante fue revelado recientemente tras una intervención policial, cuando el comisario principal Pablo Insfrán, de la Policía Turística de Asunción, relató que en un reciente caso de aprehensión en la Costanera de Asunción, tras la viralización de un video en el que se robaban autopartes a plena luz del día, el detenido había comentado que los robos de piezas de automóviles se hacen por pedidos específicos de marcas. “El detenido nos refirió que a él le pidieron y que le pagan G. 30.000 por pieza si está en condiciones”. Después del operativo, el sujeto fue liberado en menos de 24 horas por un fiscal.
Los datos citados y la situación descrita hacen a las condiciones del país, pues, como es bien sabido, Paraguay se encuentra entre los cuatro países que lideran el crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
Paraguay es lo que los especialistas denominarían un verdadero “paraíso” para el crimen organizado. De la misma manera en que se mantiene impune la “pequeña” mafia de las autopartes, el narcotráfico y el crimen organizado florecen porque tenemos un Estado débil, y porque las instituciones son muy permeables.
Se debe señalar, en este sentido, las vinculaciones del crimen organizado con la política. Esto fue develado con el Operativo A Ultranza Py, que mostró el altísimo nivel de permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado, cuando quedó exhibido un esquema que involucraba a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada y que comprometía a políticos, funcionarios, proveedores del Estado, parlamentarios y hasta un pastor evangélico que blanqueaba capitales.
Este es un problema con varias aristas, y una de las más preocupantes es la violencia urbana relacionada directamente con el consumo de drogas, pues, según los datos oficiales, nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes.
Esos datos nos muestran la realidad de una población juvenil que no ha tenido nunca alternativas para alcanzar un desarrollo personal, con salud y educación públicas de calidad o acceso al empleo digno. Finalmente, un dato que también hace al problema y es que apenas un 30% de las personas que son víctimas de hurto o robo lo denuncian; y el 80 por ciento de quienes los denunciaron no quedaron satisfechos con la respuesta de las autoridades.
