Asimismo, solicitaron que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), intervengan en el sitio, debido a que las piedras se arrojan en el arroyo para que los camiones pesados crucen en el cauce, siendo que esos transportes no deberían transitar por la zona.
“En el predio de la organización Surubi’i se está cargando piedras en el cauce del arroyo Itay, de manera que los camiones pesados puedan pasar por el acceso del portón dos y no es la primera vez”, manifestó el poblador José Vargas.
El vecino remarcó que la zona es bastante inundable y que con la última lluvia, incluso se tuvo que llamar a los bomberos para rescatar a varios pobladores que quedaron atrapados bajo agua.
“Los dueños de la urbanización están obstruyendo el agua y es una bomba de tiempo; ya habíamos hecho una nota a los vecinos que viven dentro del predio y ellos sostienen que no tienen otra alternativa para que circulen los camiones pesados”, indicó el residente.
Además, agregó que el MOPC debería construir un puente para la circulación de los vehículos como medida de protección del cauce.
“El MOPC tendría que construir un puente de hormigón para que ya no se arrojen piedras, porque constantemente nos estamos exponiendo a un peligro inmenso porque si viene una lluvia grande, vamos a volver a inundarnos completamente y la última vez incluso tuve que llamar a los bomberos voluntarios para rescatar a mis dos hijos que quedaron atrapados”, exclamó.
Añadió que los propietarios de la urbanización deben solicitar nuevamente al MOPC la creación de un puente para que circulen los vehículos en el lugar, pero que hasta la fecha, la situación ambiental crítica continúa.
REFUERZO DE CONTROL. Por su parte, el poblador Jorge Torres añadió que funcionarios del Ministerio de Obras acudieron al lugar para el despeje de cauces en reiteradas ocasiones, pero que se requiere de mayor control en el sitio y su protección.
“Vinieron para el despeje del arroyo, pero de todas formas vuelve a ocurrir lo mismo”, puntualizó.
SANCIONES. La Ley N° 716 del Mades señala en su artículo N° 5 que aquellos que realicen obras hidráulicas, tales como la canalización, desecación, represamiento u otra acción que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente, y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 a 1.500 jornales mínimos legales (G. 53.813.500 a G. 161.440.500) para estos procedimientos.
El Mades sostiene que se abrirá un sumario administrativo para sancionar a aquellas personas que ocasionaron la obstrucción del cauce.
