Hasta el momento, los pobladores tienen facturas de unos G. 1.100.000.000 por varias obras pagadas y no ejecutadas, por lo que decidieron tomar la institución y radicar la denuncia en la Fiscalía de Horqueta.
Los fiscales también viajaron a Asunción para presentar la denuncia a Delitos Económicos, pero ya le informaron que la de Horqueta es la que prevalece, por lo que hoy, jueves, los ediles ratificarán la denuncia. “Vamos a ratificar la denuncia en la Fiscalía de Horqueta con documentos respaldatorios, estamos realizando las verificaciones y llegaremos con documentos”, señaló Eusebio Martínez, presidente de la Junta Municipal.
En un comunicado emitido, los pobladores exigen a la Junta que, vía ordenanza, se suspendan todas las actividades y gestiones de la Intendencia; y urgen la constitución inmediata de la Fiscalía para iniciar la investigación sobre la denuncia realizada por los ciudadanos.
También exigen a los demás sectores políticos opositores tomar posturas frente a los actos de corrupción y ratifican su postura de seguir con la lucha.
Los documentos que tienen los pobladores hacen referencia al pago por varias obras, tales como un baño sexado para el colegio Julio D. Otaño, la suma de G. 120.622.398; por la construcción de una cancha de fútbol de salón con valla perimetral en el Centro Comunitario del Asentamiento Núcleo 3 por valor de G. 182.500.000, entre otras obras fantasmas. Según los números, los pagos realizados por obras no ejecutadas ascienden a G. 1.107.314.525.
RECURSO DE AMPARO. El juez Mateo Amarilla se constituyó ayer en la Municipalidad para verificar in situ la situación, tras el planteo de recurso de amparo de parte del intendente Samuel González contra los ciudadanos manifestantes. Desde el viernes, los pobladores tomaron la institución y cerraron todo acceso al local municipal.
