Hace tres meses la Senad, con la colaboración de la DEA de Estados Unidos, la Europol, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y el Ministerio Público, encabezó la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia de nuestro país. La operación se inició con más de 100 allanamientos, con el objetivo de detener a 43 personas y unos USD 100 millones en bienes incautados. El operativo denominado A Ultranza Py buscaba desarticular un esquema criminal sustentado en el tráfico de cocaína a puertos de Europa y de África y el posterior lavado de activos.
En el marco de esta operación se realizaron numerosas incautaciones que fueron desde tractores y máquinas agrícolas, armas de fuego, motocicletas, inmuebles, vehículos lujosos, embarcaciones, helicópteros, avionetas y hasta miles de cabezas de ganado.
Hubo allanamientos y otro tipo de procedimientos también, pero no solamente los principales presuntos cabecillas de la organización criminal siguen prófugos de la Justicia, sino que además la Fiscalía ha mostrado escasos avances en los causas.
A tres meses del inicio de A Ultranza Py todavía no se ha hecho imputación alguna en las investigaciones, ni contra el diputado colorado Erico Galeano, o el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Joaquín Roa, o los casos de planillerismo en el Congreso y otros. Según Antinarcóticos, el diputado estaría vinculado al caso A Ultranza Py, por posibles conexiones con personas que habrían lavado dinero. El caso está a cargo del fiscal Juan Ledesma, el mismo que lleva investigando desde el año pasado al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, por supuesta sobrefacturación en la compra de detergentes y otros desinfectantes. Nenecho tampoco está imputado.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRecientemente han surgido informes de la Seprelad donde se detallaría el tráfico de cigarrillos; los mismos registraron movimientos de cuentas del ex presidente Horacio Cartes con empresas de Galeano. Una de sus firmas (Mercury), que está sospechada de contrabando de cigarrillos, tendría vinculación con Tabesa.
En la misma línea, el Ministerio Público no ha realizado progresos en el caso del ex ministro de la SEN Joaquín Roa, quien también es indagado por vínculos con el miembro de la organización, Alberto Koube, de quien compró un yate valuado en USD 500.000. En el caso del ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, en los allanamientos en la Cooperativa San Cristóbal encontraron que empleadas de la entidad también aparecían con funciones en el Senado.
Mientras tanto, el panorama se vuelve cada vez más complejo. Según los reportes de las agencias de inteligencia, la cocaína que llega a Europa es manejada por el PCC, responde a la mafia italiana ‘Ndrangheta, y además el contrabando de cigarrillo usa la misma ruta.
La institucionalidad del país ya no puede soportar la presión ejercida por las diversas organizaciones del crimen organizado que han ido presionando cada vez más en la vida política y económica. La Justicia paraguaya será responsable si este caso queda impune. Si eso sucede, los discursos vacíos de contenido y todas las lágrimas vertidas por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado hace 16 días, habrán sido en vano. Es inaceptable que A Ultranza Py, la investigación que indaga a una gigantesca red vinculada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, termine en el oparei, ya sea por pereza o falta de compromiso de nuestras autoridades policiales, judiciales, políticas y militares con las mafias.