Poder Judicial
Ciudadanos que marcharon contras las injusticias entregaron una proclama dirigida a los tres poderes de Estado, en la cual denunciaron los privilegios de la “casta política” y advirtieron sobre la amenaza a la democracia y al Estado de derecho.
Un grupo de jubilados se manifestó frente al Palacio de Justicia, en Asunción, para denunciar que fueron víctimas de dos abogadas que les habrían estafado con pagarés de la quebrada Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin).
El sistema judicial avanzó un eslabón en la inclusión y acceso a todas las personas, al desarrollar por primera vez en su historia un juicio oral y público completamente en lenguaje de señas.
Los padres de Sol Chávez, la joven que falleció por la ingesta excesiva de flúor que le habían recetado, se volvieron a encadenar frente a la sede del Poder Judicial exigiendo un nuevo juicio. Sostienen que son bajas las condenas que recibieron la odontóloga y la bioquímica; la primera dio la receta y la segunda preparó la sustancia.
Un tribunal de apelación anuló la condena de 15 años por feminicidio del policía retirado José Carlos Morel, condenado por la muerte de la docente María Isabel Vega. Se deberá hacer un nuevo juicio oral sobre la pena. Familiares de la víctima habían repudiado la baja condena.
Por orden de la jueza Clara Ruiz Díaz fue remitido a la cárcel de Tacumbú Jesús Gabriel Roa (20), alias Kapeluki, considerado principal sospechoso del crimen de Ismael Domínguez durante un encuentro de fútbol juvenil. Otros tres adolescentes también están imputados por el hecho.
Una decisión del Tribunal de Apelación Penal Adolescente otorgó nuevamente la libertad a Juan Villalba, ex titular de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, al revocar la resolución del juez Osmar Legal que había ordenado la prisión preventiva del ex funcionario público imputado por violencia intrafamiliar.
El supuesto narcopiloto Diego Cuba Jordan, imputado en el marco del operativo A Ultranza Py cumple este domingo la pena aplicada de dos años y seis meses de cárcel, sin embargo, este viernes, recibió la libertad condicional.
Dos mujeres, vecinas de la ciudad del Luque, fueron absueltas tras una demanda por difamación e injuria interpuesta por la matadería Tío Kele de Luque. La querella habría sido presentada tras la denuncia de los vecinos por supuesta contaminación.
Kattya González presentó un segundo urgimiento en la acción de inconstitucionalidad contra su pérdida de investidura en la Cámara de Senadores. La carpeta sigue en poder del ministro César Garay, quien debe pronunciarse sobre la integración de la sala.
Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción se titula el proyecto de ley que presentaron este lunes el presidente de la república, Santiago Peña, el titular del Congreso, Bachi Núñez, y el de la Corte Suprema, Luis María Benítez.
Representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentaron este lunes el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional, que plantea la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC), y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
Este martes se llevará a cabo la última jornada de la audiencia preliminar para el suboficial Gustavo Florentín, acusado de matar al dirigente liberal Rodrigo Quintana, en la causa conocida como 31M. Una jueza tendrá que definir si el caso se eleva o no a juicio oral tras seis años de la acusación y siete años de los hechos, por chicanas por parte del uniformado.
Los funcionarios de las direcciones registrales, dependientes del Poder Judicial, marcharon hasta la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, en reclamo de una ampliación presupuestaria que cubra un reajuste salarial. No descartan ir a huelga.
La jueza Rosanna Bogarín hizo efectivo el comiso de la vivienda conocida como “la casa del horror”, en la cual estuvo cautiva Cecilia Cubas, quien fue secuestrada y posteriormente asesinada. La propiedad ubicada en la ciudad de Ñemby será administrada por la Senabico y no se descarta que vaya a remate.
La jueza Rossana Diana Carvallo admitió la imputación contra Gissele Hilda Beatriz Gill Sanabria, dueña de la guardería donde falleció un niño ahogado. La mujer debe comparecer el próximo 5 de agosto a su audiencia de imposición de medidas cautelares.
Una causa contra el profesional había sido desestimada en diciembre del 2023 y él menciona que todas las denuncias de su suegra son para evadir responsabilidades y para perjudicarlo.
La fiscala Patricia Sánchez solicitó seis meses para decidir si acusa o no al senador Hernán Rivas en la investigación por un presunto título falso de abogado. El juez Raúl Florentín le había dado tiempo hasta el 19 de julio para presentar el requerimiento conclusivo.
Un tribunal de la Cámara de Apelaciones confirmó la condena de tres años de prisión para Justo Ferreira, propietario de la empresa Imedic, por contrabando, debido a la compra de 50 camas sin pagar impuestos. Se ratificó además la absolución de hija Patricia Ferreira y otros tres imputados.
El Círculo Paraguayo de Médicos accionó contra el Poder Ejecutivo por designar un superintendente de Salud interino, atribuyéndose funciones del Comité Ejecutivo, dependiente del Consejo Nacional de Salud (CNS), que están establecidas en la ley. “Firmó un decreto nulo”, advierten.
El Gobierno presentará un proyecto de ley para elevar a 10 años de cárcel la pena por la sustracción de energía realizada, en su mayoría, por establecimientos ilegales de criptominería. En dos años se intervinieron 40 centros irregulares que representan una millonaria pérdida para la ANDE.
El juez de Garantías, Raúl Florentín, concedió el arresto domiciliario para Jorge Peirano Basso, ex banquero uruguayo relacionado con el vaciamiento del Banco Alemán. La defensa ofreció una fianza real de USD 1 millón.
La estudiante Vivian Genes se presentó en la mañana de este martes ante la Justicia, luego de ordenarse su captura por ausentarse al juicio oral que enfrenta por la quema de Colorado Róga.
Una jueza revocó el fallo por el cual se condenó al empresario Christian Chena por supuestos agravios contra Gisele Zuni Mousques, quien lo denunció por violencia contra la mujer.
El juez Rubén Darío López ordenó a la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal, a desbloquear de la red social X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, que presentó un amparo constitucional afirmando que la legisladora cometió censura previa y atentó contra su libertad de expresión.
La jueza Marlene Romero benefició con la salida transitoria a Guillermo Saúl Duarte, condenado a 23 años de prisión por el crimen de Teresita Lichi, ocurrido el 17 de abril de 2012 en Villarrica, Departamento de Guairá. Con esta medida, el condenado podrá salir de prisión los sábados desde las 7 de la mañana y regresar el lunes a la misma hora.
La jueza Mesalina Fernández se refirió a la condena de dos años, con suspensión de la pena, que recibió el dueño de un bar del barrio San Pablo de Asunción por polución sonora. Afirmó que el hecho servirá para llamar la atención de la ciudadanía para denunciar otros casos.
Los vecinos del barrio San Vicente de Asunción plantearon un amparo en el Poder Judicial para frenar la construcción de un centro de ventas mayorista y evitar la tala de 109 árboles de la zona. Los pobladores vienen articulando varias acciones para que el lugar funcione como un espacio verde y público.
La jueza Sandra Kirchhofer fijó una pena de 23 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad para Armando Javier Rotela, líder del Clan Rotela. Unificó las sanciones de dos causas por drogas. Una de 19 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad, y otra pena de 8 años.
El Tribunal de Apelaciones devolvió el expediente del senador cartista Hernán Rivas al juez Miguel Palacios para que se expida primero sobre la restitución de los fueros y la desestimación de la causa por presunto título falso.
El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) rechaza la restitución de fueros a senadores procesados al ser una acción que “socava gravemente la independencia del Poder Judicial”. Piden a la clase política abandonar la arrogancia y actuar en concordancia con los preceptos constitucionales.