Esta semana la defensa de Cuevas presentará una acción de inconstitucionalidad contra la orden de prisión preventiva que lo mantiene recluido en la Agrupación Especializada.
El objetivo es sentar el precedente que beneficiará por consiguiente a los diputados Ulises Quintana y Tomás Rivas, y al senador Javier Zacarías Irún, según reveló un actor colorado del acuerdo de unidad para las elecciones municipales.
La decisión de la Corte será clave y, según la estrategia de juego, será primordial eliminar la fragmentación entre dirigentes de los dos movimientos mayoritarios de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Colorado Añetete y Honor Colorado, por lo que se lleva adelante el Operativo Cicatriz.
“Ningún juez ni fiscal se animaba a defender cuando había división. Todos los jueces que salieron a favor de los políticos fueron juzgados o sancionados, porque no había unidad, entonces ahora se unen, si nos ven divididos, no hay juez ni fiscal que nos quiera ayudar”, manifestó la fuente.
Ambos sectores tienen sus “ovejas negras” y esta es la motivación principal para sellar el pacto de impunidad. “Si se blanquea a uno, se blanquea a todos”, añadió.
Tanto el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como el ex mandatario Horacio Cartes están al tanto de la situación. Al líder de Colorado Añetete le conviene la estabilidad. Cuevas, entonces, “va a volver a la Cámara”, adelantó la fuente, a no ser que haya apriete mediático o escraches de ciudadanos.
EL DEBATE. El artículo 191 de la Constitución Nacional, que habla de las inmunidades, será el utilizado para salvar a los parlamentarios de la prisión preventiva. “(...) Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competentes, a quien remitirá los antecedentes a la brevedad (...)”, expresa la Carta Magna.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Cuevas, explicó que este artículo establece tres inmunidades, que son de expresión, de detención y de proceso.
Resaltó que, por tanto, ni la Policía ni el Ministerio Público pueden detener a ningún parlamentario y que tampoco el juez puede dictaminar su prisión. La única excepción es el caso de flagrancia.
En cuanto a la inmunidad de proceso, el abogado puntualizó que un legislador solo puede ser investigado cuando es desaforado. “Cuando es desaforado, la única inmunidad que pierde es la del proceso”, agregó.
Siguiendo esta interpretación, Duarte Cacavelos afirma que todo legislador, luego de ser imputado, deberá contar con libertad ambulatoria y poder acudir a su banca, atendiendo al principio de inocencia antes de que exista condena. “La Constitución previó por eso la pérdida de investidura, entonces la única forma que por un hecho punible pueda ser excluido un legislador de su banca, es la vía de la constatación de su culpabilidad”, concluyó.
Miguel Cuevas. Está recluido en la Agrupación Especializada afrontando un proceso por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Supuestamente, tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171, con una diferencia de G. 1.705.315.135, durante los años 2009 y 2019. Las irregularidades ocurrieron durante su gestión como gobernador de Paraguarí. También están imputados su esposa Nancy Florentín, su hijo Enzo Cuevas y la docente Griselda Duarte. La defensa de Cuevas anuncia que presentará una acción de inconstitucionalidad contra su detención.
Ulises Quintana. Cumple prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cué, desde donde lleva adelante la causa por supuesto lavado de dinero y asociación criminal para el tráfico de drogas en el caso del Operativo Berilo. Es acusado por complicidad con el presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña. La Cámara de Diputados había comenzado un proceso de pérdida de investidura luego de una solicitud, pero fue rechazado en octubre pasado. Posteriormente, se volvió a pedir su destitución y la sesión donde debía tratarse al tema, no tuvo cuórum. Actualmente ya no hay números para expulsarlo.
Tomás Rivas. El caso caseros de oro de Rivas es calcado al del José María Ibáñez, que se vio forzado a renunciar. Se trata de tres empleados privados del cartista que cobraban salarios en la Cámara de Diputados sin cumplir funciones. Los tres serán enjuiciados el próximo 16 de marzo. En tanto que Rivas promovió varios incidentes que evitaron su audiencia preliminar, donde debía fijarse fecha para su juicio oral, tras ser acusado por estafa y cobro indebido de honorarios. Rivas es protegido por sus pares colorados. La Cámara rechazó en octubre pasado el pedido de pérdida de investidura.
En el Senado expulsaron a cinco, a diferencia de la Cámara Baja
En un solo periodo perdieron su investidura cinco senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, que blinda a sus miembros acusados de corrupción, lo que le valió el mote de “la Cámara de la vergüenza”.
El primero fue el ex senador cartista Óscar González Daher, quien fue destituido antes de terminar su mandato en 2018, e igualmente sostuvo su candidatura y fue reelecto, pero poco después del inicio del nuevo periodo, por presión, se vio obligado a renunciar, ante la inminente destitución. La causa fue el escándalo de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que revelaban manipulación de casos y tráfico de influencia.
Le siguió el ex legislador del Unace, Jorge Oviedo Matto, también dentro del mismo caso, quien reconoció que renunciaba para salvarse de los escraches y de la expulsión por parte de sus pares.
El tercero fue el cartista Víctor Bogado, quien perdió su investidura por el caso conocido como niñera de oro. Fue condenado por la Justicia en el marco de la investigación que revelaba que usó sus influencias para que su empleada recibiera salarios de Itaipú y la Cámara de Diputados.
El liberal Dionisio Amarilla fue el cuarto en ser expulsado, bajo el fundamento de haber mal utilizado influencias para que no sean publicadas irregularidades de una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) que beneficiaba a una empresa.
Finalmente, fue expulsado el ex legislador del Encuentro Nacional, Paraguayo Cubas, por agredir a un policía.
Alliana no define si da o no permiso a Miguel Cuevas
Nada claras fueron las respuestas de los colorados en los últimos días con respecto a la situación de los diputados de Añetete Miguel Cuevas y Ulises Quintana.
Ambos, por estar en prisión, no pueden acudir a cumplir funciones en el Congreso; sin embargo, no obtuvieron el permiso para ausentarse, pero tampoco perderán sus investiduras.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, indicó que casi la totalidad del pleno, a excepción de Celeste Amarilla, coincide en que esperarán que se cumplan las tres ausencias consecutivas de Cuevas para convocar a su suplente, Vicente Rodríguez, que en el caso de Quintana fue Rocío Abed.
También indicó que, si recuperan su libertad, volverán a sus bancas. “Acá no se le va a dar ningún permiso, lo único es que no se le va a dar la pérdida de investidura porque no corresponde, en eso coincidimos todos, si sale, va a venir a ocupar su banca”, manifestó Alliana.
El cartista acotó que la propuesta de Amarilla es que se aplique el Código de Ética para expulsar a Cuevas, lo que en su momento será debatido, pero al mismo tiempo sostuvo que no está de acuerdo.
“Tenemos que respetar lo que dice el reglamento, es muy ambiguo, no es claro, podemos modificar, pero en el trascurso del tiempo”, apuntó Alliana.
Todos los sectores, incluyendo la oposición, coinciden en que Cuevas no puede perder la investidura, porque todos los hechos por los que está siendo procesado ocurrieron durante su administración como gobernador de Paraguarí, y no tienen relación con el ejercicio de sus funciones como diputado.
