El Banco Mundial presentó recientemente su informe sobre el crecimiento económico de nuestro país. Es un buen momento para estos análisis, ya que el boom de commodities terminó y, después de haber superado con éxito la pandemia, nuestro país ha agotado el margen de endeudamiento prudente. Por ello, necesitamos nuevas estrategias para continuar avanzando en el proceso de desarrollo, evitar caer en la trampa de los países de ingresos medios, y convertirnos en un país de ingresos altos en las próximas décadas.
El primer mensaje es que el ritmo de crecimiento económico es crucial para la reducción de la pobreza. En nuestro país, la pobreza se redujo más rápidamente durante el periodo 2004-2014, cuando el crecimiento del PIB superó el 4,5% anual, y más lentamente en el periodo 2015-2023, cuando el PIB creció apenas un 2,5%. Alrededor de 2013, superamos el umbral de USD 4.500 de ingreso nacional per cápita, el mínimo para ser considerados un país de ingresos medios altos. Hoy estamos a medio camino de alcanzar el umbral de USD 14.000, necesario para ingresar al selecto grupo de países de ingresos altos, pero lograrlo no es fácil. Desde 1990, 34 países en el mundo han dado este salto, solo tres de ellos en América Latina: Uruguay, Chile y Panamá.
El segundo mensaje es que nuestro país tiene todas las posibilidades de convertirse en un país de ingresos altos, pero requiere un gran esfuerzo y buenas políticas públicas. Por un lado, debemos aumentar la resiliencia de la economía a los choques externos e internos, a los cuales estamos muy expuestos por la dependencia de la producción y exportación de commodities, sujetos a variaciones climáticas y fluctuaciones recurrentes en los precios internacionales. En este sentido, la sugerencia es promover la diversificación de la economía a través de políticas que impulsen a sectores de servicios, como el turismo y la tecnología. Paralelamente, es importante mantener las sólidas políticas macroeconómicas que nos han permitido alcanzar el grado de inversión, así como perfeccionar los productos financieros disponibles para ayudar a los agentes económicos a mitigar los efectos de los choques que enfrenta la economía. Por otro lado, es fundamental implementar políticas públicas que aumenten la productividad. En los últimos 20 años, solo el sector agrícola ha logrado mejoras sustanciales; en los demás sectores, la productividad laboral se mantuvo constante o se redujo ligeramente. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a Micro y Pequeñas Empresas (Mipes) de Asunción y Central, se encontró que una alta proporción surgió por la imposibilidad de sus propietarios de obtener un empleo formal, y que no ven beneficios en formalizar sus operaciones. Sin embargo, los datos recogidos indican que la productividad de las Mipes formales es un 33% superior a la de las informales. En este sentido, sugiere proveer servicios de capacitación gerencial y en uso de tecnologías, la aprobación de una ley de garantías mobiliarias y otra de insolvencias para mejorar el acceso a financiamiento y facilitar la salida de empresas inviables, además de reducir los tiempos y costos para realizar actividades de comercio exterior. Por último, el Banco Mundial sugiere promover un crecimiento más sostenible, facilitando la adopción de tecnologías para intensificar el uso de la tierra, invertir en infraestructura de riego y transporte, y la implementación de sistemas de trazabilidad en toda la producción.
El análisis y las propuestas coinciden en gran medida con las que tenemos a nivel local. Para dar el siguiente salto en el desarrollo, no bastan las buenas políticas macroeconómicas. Es necesario complementarlas con políticas públicas básicas, como mejorar la calidad de la educación y la salud, y con políticas públicas focalizadas para promover la productividad y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, que abundan en todos los sectores. En especial, se debe eliminar las barreras que limitan la formalización de sus operaciones. Sin embargo, primero debemos comprender que la implementación exitosa de estas políticas públicas requiere una burocracia con funcionarios íntegros y altamente competentes en toda la administración pública.
