Salinas había recordado que “el trayecto también se mantiene, con la diferencia que le vamos a decir (a la adjudicada que) en estos años del periodo de gobierno su prioridad es Asunción-Luque”. Son 43 km entre Asunción y Ypacaraí. “Es decir, queremos tratar de terminar un tramo, o sea, fasear para no volvernos locos. Entonces, vamos a hacerlo por fase, una primera fase Asunción-Luque, que es la más difícil”, adelantó Salinas.
Sobre el financiamiento, recordó que la inversión necesaria es de aproximadamente USD 600 millones. Añadió que, por un lado, se habla de un aporte del Gobierno, en torno al 30%. “Se habla mucho de recursos de electromovilidad de Itaipú (...). Y, por otro lado, lo que estamos pensando es que el privado tome deuda para el resto de la inversión, tendría que ir a buscar recursos afuera”, contó el titular de Fepasa.
El proyecto “comprende tanto infraestructura física como operativa, incluyendo estaciones, sistemas de comunicación y señalización, adquisición de material rodante, y la liberación de la franja de dominio necesaria para su implementación”, según la exposición de motivos de la propuesta del Poder Ejecutivo.
El presidente de Fepasa añadió que presentaron al presidente de la República un cronograma. En febrero culminarían las definiciones técnicas del plan. “Hay cosas que estamos revisando. El proyecto original tenía 23 paradas, eso nos parece una locura. Las 7 estaciones se mantienen (...). Estamos ajustando la conexión eléctrica con la gente de la ANDE”, había relatado Facundo Salinas.
Desde la Cámara de Diputados habían señalado que la propuesta inicial con Corea fue rechazada por el Ejecutivo debido a que limitaba la participación del Economic Development Cooperation Fund (EDCF), al 50% del tramo Asunción-Luque, no comprometiéndose a la realización del tramo Asunción-Ypacaraí, como se previó inicialmente.
Desde la Coordinadora de Comisiones Vecinales de barrios por donde pasaría el futuro tren de cercanías están preocupados por el proyecto, del cual dicen no tener información más que a través de los medios de comunicación. Son 14 metros a ambos lados de la vía los que serán liberados, y mientras desde el Gobierno sostienen que el 95% del territorio está liberado, los pobladores de la zona señalaron que solamente “10% aproximadamente se ha liberado parcialmente”. Las personas que se verán afectadas cuestionan la falta de seriedad de la iniciativa y afirman que la intención es avasallar derechos de propiedad. La previsión inicial era destinar USD 33 millones para liberar la franja, pero ese número no fue revisado o confirmado. De hecho, la franja de dominio no está completamente liberada y se vaticinan conflictos judiciales al respecto. Hasta el propio presidente Santiago Peña reconoció en su momento que la franja de dominio es una cuestión jurídica que tiene que resolverse.
