El presidente de la Junta Municipal de Luque, Diego Romero, debía tomar el juramento a los nuevos concejales electos, pero decidió levantar la sesión, en medio de incidentes, para evitar el juramento de Óscar Rubén González Chaves, debido a que no contaba con información de si su condena se encuentra firme o no.
Ante el reiterado pedido de los ediles para que se lleve a cabo la asamblea, Romero se mantuvo firme en su decisión.
Pese a que se levantó la sesión, varios de los ediles no aceptaron la medida y continuaron con la intención principal de tomarle juramento al colorado. Un concejal que ya no fue reelecto, asumió el papel de presidente y tomó juramento a todos, para posteriormente retirarse del lugar.
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Sin embargo, el hecho fue criticado por varios ediles y calificado de ilegal, pero los demás concejales colorados y liberales siguieron como si nada hubiese pasado y procedieron a elegir a un nuevo presidente de la Junta Municipal, al liberal Rómulo Pérez, quien intentó seguir con la sesión ordinaria en medio de griteríos.
El titular saliente de la Junta Municipal, Diego Romero, pidió a la escribana que registre todo lo que pasaba y calificó de “vergüenza” lo que estaban haciendo sus colegas.
En la víspera, concejales colorados disidentes denunciaron la maniobra impulsada por el intendente reelecto, Carlos Echeverría, y el grupo de colorados que pretende el juramento de Rubén González Chaves.
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En conferencia de prensa, Diego Romero, Iván Velázquez y Juan Ángel Marecos recalcaron la situación. “Como actores políticos y representantes de la gente que votó por nosotros para llegar a la concejalía, nosotros no podemos permitir que jure”, afirmó.
Los cinco liberales electos pactaron con el clan González Daher para permitir su juramento a cambio de que uno asuma la presidencia de la Junta Municipal, además de la repartija de cargos en las principales comisiones de la Comuna.
El concejal Romero hizo un llamado a los liberales a que expongan su agenda del acuerdo que se trató entre cuatro paredes, principalmente lo que respecta al manejo de los recursos municipales.
González Chaves se encuentra condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, además de una inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos.