El fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero, quien desde ayer lleva adelante las investigaciones de la denuncia contra el clan Zacarías presentada por un grupo de abogados de Alto Paraná, estuvo anteriormente implicado en polémicas causas judiciales, como ser la masacre de Curuguaty y el sobreseimiento provisional de Carlos Heisele, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que había sido imputado por lesión de confianza, luego de una investigación realizada por ÚH en el 2013.
Pese a que conformaba el primer anillo del entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (actualmente imputado por enriquecimiento ilícito), quien incluso lo designó en la Unidad Anticorrupción en reemplazo de la fiscala Nadine Portillo, salpicada en el escándalo de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, decidió que sea el encargado de llevar adelante esta nueva causa penal.
El agente, a través de una conferencia de prensa, ayer, indicó que va a realizar todas las diligencias pertinentes para esclarecer los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal que pesan contra el senador Ernesto Javier Zacarías Irún; su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; Fernando Román Fernández, y su cuñada Margarita Antonia Zacarías Irún.
“A partir de ahora voy a empezar a solicitar información a todas las entidades públicas, porque hay que tener en cuenta que estos son tipos penales complejos y, prácticamente, dependemos en la gran mayoría de las informaciones que nos faciliten y proporcionen”, indicó Guerrero.
Agregó que “la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene que tener registro de las declaraciones juradas de bienes, en el sentido de la función pública, que la pareja denunciada cumple y, consecuentemente, requeriremos a otros entes como Contraloría General de la República y entidades bancarias eventualmente”, afirmó.
Por otra parte, el investigador no quiso precisar acerca de la cantidad de dinero que podría haber obtenido el clan Zacarías de manera ilegal, pero afirmó que es mucho.
En lo que respecta al desafuero del parlamentario Zacarías Irún, dijo que va a pedir una vez que se esclarezca la responsabilidad de los denunciados y los tipos penales.
“El desafuero lo voy a pedir luego de la presentación de una eventual imputación y se solicita al órgano jurisdiccional. En este momento estamos en una etapa incipiente”, puntualizó el representante fiscal.
CASOS JUDICIALES. Guerrero había pedido entre 5 y 40 años de cárcel para los campesinos acusados por la muerte de 17 personas, seis policías y once labriegos, en junio de 2016.
Sin embargo, la Corte Suprema, integrada por camaristas, en julio pasado revocó los fallos que condenaron a los acusados por la matanza de Curuguaty y absolvieron a todos los procesados, además de ordenar su inmediata libertad.
El fiscal también pidió el sobreseimiento provisional de Carlos Heisele, ex presidente de la ANDE, procesado por pago de montos millonarios e inflados a propietarios de terrenos afectados por la construcción de la línea de 500 kV. En noviembre se debe resolver si otorga el definitivo o presenta acusación.
Manifestaciones contra el clan Zacarías
Manifestaciones en simultáneo se realizaron en contra del clan Zacarías Irún, durante más de 20 días, tanto en Ciudad del Este como Asunción.
Los ciudadanos autoconvocados exigieron la renuncia del senador colorado y la intervención de la Municipalidad de la capital del Alto Paraná.Incluso, durante las protestas, los manifestantes fueron agredidos por supuestamente seguidores del clan ZI, según había comentando una de las organizadoras del escrache, Valentina Giménez.
Había lamentado la inacción policial, porque los agentes no desarmaban a los agresores ni daban garantías a los movilizados, más bien se concentran en realizar barreras y cierres de calles para impedir las marchas.
Por otra parte, la pareja Zacarías Irún denunció a los manifestantes por perturbación a la paz pública. Aunque la denuncia es contra personas innominadas, se adjunta fotografía del senador Paraguayo Cubas y su cónyuge Yolanda Paredes.
Senador de ANR dice que no se esconderá tras sus fueros
El senador cartista Javier Zacarías Irún declaró que no teme a la investigación abierta contra él y su familia, por enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado de dinero.
El legislador adelantó que no se escudará en sus fueros, dando a entender que pedirá que le retiren la inmunidad para enfrentar a la Justicia.Aseguró que se pondrá a disposición del Ministerio Público y facilitará todos los documentos necesarios para probar su inocencia y la de los suyos.
“Considero que esta nueva investigación representa una brillante oportunidad para mostrar una vez más la falsedad de las denuncias presentadas por sectores políticos que tienen oscuras intensiones”, escribió en su cuenta de Twitter.
A la vez reconoció tener un departamento en Itapema, Brasil, y un avión. “Responderé a cada requerimiento fiscal en tiempo, forma y con documentos. Entiendo que todos los que estamos en la vida pública debemos darles a la ciudadanía y a la Justicia la certeza de no estar involucrados en ningún hecho ilícito”, refirió.
Expresó que son siempre las mismas personas las que presentan denuncias “sumadas a un conocido medio de comunicación”.Señaló que no se esconderá tras sus fueros y que estará a disposición con su familia.
“No uso los fueros para ocultarme. Aquí no hay fueros. Yo quiero, una vez más, demostrar con documentación en la mano que se ha mentido siempre”, manifestó el parlamentario de Honor Colorado.
De esta manera, deja claro que si un juez pide su desafuero pedirá que le retiren la inmunidad, como lo hicieron hace poco sus colegas Paraguayo Cubas y Enrique Salyn Buzarquis. Lo mismo había hecho recientemente el diputado Ulises Quintana, quien ahora está preso en Viñas Cué.
“A mí no me van a encontrar un solo pelo de algo ilícito porque tengo todo documentado y voy a demostrar mi inocencia como ya lo hice varias veces, por lo que no tengo problemas en colaborar con la Fiscalía”, insistió.
Puntualizó que no tiene cuentas corrientes ni transferencias en el exterior tal como algunos alegan.