El primer escándalo institucional fue la burda amonestación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a la fiscala Stella Mary Cano, por la causa Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción que se vio obligado a renunciar ante la acción fiscal. Ella fue llevada al banquillo cuando un tribunal pulverizó su causa por falta de pruebas. Pero el JEM, dominado por el cartismo, la exculpó y apenas la reprendió a pesar de las sólidas argumentaciones de dos ministros de Corte (Martínez Simón y Garay). “Acusó sin siquiera explicar cómo pretendía demostrar que la obra pagada no existía, limitándose a formular juicios de valor. Hay una notoria negligencia, los yerros son graves… y no pueden pasar desapercibidos o ser tolerados por este Jurado de Enjuiciamiento”, dijo Martínez. Pero la presidenta del JEM, la ex ministra de Corte, Alicia Pucheta, el abogado Enrique Berni, el diputado Orlando Arévalo y el senador Derlis Maidana (todos cartistas) apenas la amonestaron, dejando el claro mensaje de protección a fiscales (y jueces) que se presten al infame “grupo de tareas”.
Esta resolución se dio a días nada más de la violenta expulsión de Kattya González del Senado. Lo cual demuestra que no les interesa guardar las formas para simular al menos una imagen de respeto institucional.
El canciller Rubén Ramírez convocó el lunes a los embajadores de la Unión Europea que visitaron a González. Les recordó, a modo de advertencia, que en el país “rige el Estado de derecho y la pluralidad política”, cuando el mundo entero opinó lo contrario. El experimentado canciller lo sabe, por eso estuvo muy incómodo en esa reunión. Un día después, su discurso bajó de cotización con la alevosa absolución del JEM.
PAÍS PELIGROSO. Los sectores más vulnerables son el blanco de las políticas autoritarias. En este proceso, las mujeres están en el punto de mira. Ya en el gobierno anterior, giraron las tuercas contra los campesinos con la famosa ley Riera/Zavala, quienes amplificaron los “miedos” para proteger sus intereses con una ley represiva. La inseguridad que golpea al país no viene de la mano de los “invasores de tierras”, sino del narcotráfico, protegido por la dirigencia política, a la que se le está complicando el panorama porque ya no puede combatir la consecuencia marginal del negocio que son los “chespis”.
Ahora son las mujeres. El líder del bloque cartista, senador Bachi Núñez, anunció la derogación de la Ley 5777, “De protección integral contra toda forma de violencia contra la mujer”. Lo divulgó con saña política el día de la Mujer Paraguaya. Por eso, la marcha del 8M alertó sobre los peligros de la pérdida de derechos y el silenciamiento de la disidencia. Hace días, Diputados eliminó la palabra “género” de una comisión de equidad, dando cumplimiento a las teorías conspirativas que alentaron en campaña electoral.
CONVENCIÓN. Ayer se realizó la convención colorada sin sorpresas. El cartismo dio espacios mínimos a la alicaída disidencia en los tribunales Electoral y de Conducta. El ritual cartista incluyó la incorporación de ex senadores opositores. Zenaida Delgado y Yami Nal, ex Cruzada Nacional, dieron la tónica con su participación. El trofeo novedoso fue el “regreso” a la ANR del senador Patrick Kemper, quien fue reelecto gracias al viento de cola de Kattya González, hoy fuera del Congreso por vendetta de Honor Colorado. Kemper se va con los verdugos de su compañera política, completando el patético cuadro de abyección política.
Horacio Cartes fue la estrella indiscutible de la asamblea republicana donde cumplió un protagonismo secundario el presidente de la República, Santiago Peña, quien vivió un déjà vu. En ese mismo escenario, en el 2016, siendo ministro de Hacienda, renunció al PLRA para ponerse el pañuelo colorado a cambio de permanecer como ministro de Cartes. Como Zenaida, Yami Nal, Kemper y Chaqueñito.
Ayer, Peña destacaba los consensos. No es cierto. La mayoría que está logrando se hace a fuerza de amenazas, descarada compra de votos con reparto de rubros y negocios del Estado.
Controlar el Congreso es importante, pero si no logra resultados cuanto antes en materia económica, resuelva el tema Itaipú con el Brasil, y otros asuntos de alto perfil geopolítico de poco servirá el rol de policía bueno que le toca hacer hablando de pluralidad política o “vendiendo” un país seguro para las inversiones, recitando narrativas nacionalistas ficticias, mientras al otro lado de la avenida el policía malo dirige y decide cómo será su gobierno, aunque ello debilite su investidura.
