Al menos 10 diputados de diversas bancadas junto a sus equipos y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, fueron liberados por las fuerzas de seguridad por la puerta principal, en la calle paralela al estacionamiento del Palacio Legislativo, por donde ingresaron los veteranos militares.
“Corrimos para subirnos a las patrullas y salir de ahí por la novena avenida. Todos estamos conmocionados. Los ex militares están demasiado violentos, están con machetes y piedras, amenazantes. Quemaron mi oficina y destruyeron carros y otros despachos cerca del parqueo”, relató el diputado de Movimiento Semilla Luis Fernando Pineda Lemus, segundos después de haber sido evacuado.
El legislador agregó que había trabajadores y diputados con “colapso nervioso”, como la congresista Karina Paz, de la Unidad Nacional de la Esperanza, o el propio ministro Pimentel, quien “se siente muy mal”.
Otro congresista de Semilla, Samuel Pérez Álvarez, dijo que los diputados iban a ingresar al Congreso a la sesión plenaria cuando los manifestantes se tornaron violentos, con los machetes.
“Decidimos no ingresar y nos alejamos del área, pero hay colegas que tienen sus oficinas dentro y tuvieron que vivir esa tensión desde dentro”, indicó.
Solicitan compensación económica
Los ex combatientes del conflicto armado interno solicitan una compensación económica por sus servicios al Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Durante las últimas tres semanas, los veteranos de guerra se habían manifestado en diversos días con bloqueos de carreteras, y finalmente este martes decidieron tomar acciones en contra del Congreso.
La iniciativa solicitada por los veteranos de la guerra interna se encuentra bajo análisis de las comisiones de Defensa, Finanzas y Derechos Humanos del Congreso y plantea un pago de 120.000 quetzales (USD 15.500 aproximadamente) para cada uno de los exmilitares o sus familiares si estos ya murieron, otorgado en cuatro pagos anuales.
La compensación económica a los veteranos de la guerra interna fue una de las promesas de campaña del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, en su campaña de elección en 2019.
La guerra interna acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con un saldo de más de 250.000 muertos y desaparecidos, que en más del 90% de los casos son atribuidos al Ejército de Guatemala según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas.