Los hechos indican que andaba rondando la vivienda de Ramona Belén, así se llama, de donde ella se había alejado por seguridad, pero el sábado pasado se dirigió a alimentar a sus animales, dice el reporte, por la mañana, y entonces fue emboscada por el hombre que la atacó con una ferocidad criminal tal que le propinó al menos 30 puñaladas en diversas partes del cuerpo, afectando importantes órganos internos de la víctima, con la aviesa intención de acabar con la vida de la mujer, y huir. El agresor estaba empeñado en su cometido criminal.
La Policía no lo aprehendió antes, pese a que los familiares de la víctima le indicaron en qué asentamiento se encontraba bajo protección de los parientes. Tampoco le proveyó custodia al menos hasta que hallaran a su atacante. Algo tan básico, dada la violencia demostrada por el hombre. A Ramona Belén y tantas otras mujeres la institución policial no le respondió y parece que la Fiscalía tampoco, porque la denuncia inicial se caratuló como violencia familiar, cuando en realidad ya el primer ataque fue un clarísimo intento de feminicidio.
Solo ante la dimensión que cobró el segundo ataque, por su brutalidad, se ordenó un rastrillaje para atrapar al feminicida. En otras palabras, para la policía tres puñaladas no eran suficientes para tomar el caso con la relevancia e imprimir celeridad y perseverancia hasta atrapar al denunciado.
Este caso es un prototipo de cómo se manejan los hechos de violencia contra las mujeres y niñas en las instituciones que están en la primera línea de intervención y respuesta. Demuestra que hasta hoy no se toman con seriedad las denuncias que, de por sí, representan una acción que a muchas víctimas les cuesta decidir realizar. En su mayoría, porque no tienen la garantía de que serán tratadas como tales ni que le proveerán la protección, comprensión y orientación que requieren como seres humanos que están atravesando por un estado de alta vulnerabilidad, estrés y peligro. Más aún, cuando son dependientes económicamente de su pareja, llevan mucho tiempo amenazadas, y hay hijos.
Ninguna persona debería pasar por situaciones como estas. Las mujeres no son propiedad del hombre, como una gran mayoría de varones siguen creyendo. Nadie puede obligar a otra persona a permanecer a su lado ni a violentarla porque ha decidido poner fin a una relación o simplemente porque no le gusta como es. Y, vale M acotar además que los niños no son rehenes.
La Policía Nacional, las fiscalías, la Defensoría Pública, las codenis, el Poder Judicial, etc., etc., deben asumir con mayor empeño, humanidad y profesionalismo en caso de violencia contra la mujer del que tomen conocimiento. No pueden esperar que la situación se agrave o que se pierda una vida más para luego tratar de justificar con argumentos falaces sus inoperancias, errores, omisiones o indiferencia. Este es un problema que demanda una acción colectiva fuerte. Más aún, considerando que con cada caso de feminicidio va aumento la cantidad de niños huérfanos y con traumas de los que difícilmente se repongan en un Estado con instituciones tan ineficaces como el nuestro.
