Durante el actual Gobierno, la Policía Nacional gastó casi un millón de dólares en un sistema informático para el Departamento de Identificaciones que hasta ahora no llegó a implementar. Para colmo, la institución aún debe a la empresa proveedora G. 5.000 millones y se expone a una demanda por incumplimiento de contrato.
El caso se remonta al 2014, cuando el entonces comandante Francisco Alvarenga firmó un contrato con Winner SRL, la empresa adjudicada con una licitación para la adquisición de un software de identificación de ciudadanos que sería la nueva plataforma informática de Identificaciones de la Policía.
El departamento encargado de la emisión de cédulas de identidad y pasaportes tenía un sistema informático que le había sido donado por la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid). Esta plataforma ya quedó desfasada, por lo cual se decidió comprar un nuevo software a través de una licitación de la propia Policía Nacional. Con una oferta por G. 10.000 millones, Winner SRL fue adjudicada.
Entre 2014 y 2016, la institución pagó un total de G. 5.000 millones, unos USD 900.000. En ese lapso, la firma proveedora hizo entrega de programas fuentes al Departamento de Identificaciones, realizó la migración de datos existentes en la plataforma anterior y capacitó a los funcionarios policiales que estarían a cargo de la emisión de documentos. La empresa sostiene que incluso donó equipos informáticos a la Policía.
Sin embargo, la institución nunca pagó la mitad restante. A raíz de esto, el nuevo sistema informático nunca llegó a implementarse y el plazo de garantía contractual venció en abril del 2017.
No solo la Policía ahora se expone a una millonaria demanda judicial por el incumplimiento del contrato, sino que gastó los G. 5.000 millones sin siquiera haber utilizado el software. Identificaciones continúa utilizando la plataforma donada por Usaid en el 2009.
DEUDA. Consultado al respecto, el actual jefe de Identificaciones, el comisario Saturnino Villalba, explicó que cuando llegó al cargo la deuda ya existía y los plazos contractuales habían vencido. Indicó que están en conversación con la empresa para encontrar una salida amistosa.
En ese sentido, Darío Mongelós, tesorero del departamento, señaló que la intención de la institución es honrar la deuda. “En tiempo y forma no se pagó ni se implementó. (...) Tenemos que tener también el aval, el respaldo legal, de que mañana la institución pague una deuda por algo que no se implementó y que luego vengan otros entes contralores a objetarnos. Si corresponde a Derecho y la empresa implementa el sistema, corresponde que le paguemos también”, expresó Mongelós, al tiempo de recalcar que la empresa cumplió debidamente su parte del contrato.
Por su parte, Luis Fernando Brítez, gerente de Winner, contó que desde la Policía le habían señalado que no cancelaban la deuda porque no había orden para hacerlo.
“Ellos siempre aducían que esperaban la autorización para poner en funcionamiento el software. La autorización pasa por ellos. Que estaban esperando la orden correspondiente”, contó Brítez. También afirmó que la empresa no tiene intenciones de judicializar el caso siempre y cuando la Policía Nacional proponga una solución.