Indígenas atropellados, expoliados, agredidos, avasallados, asesinados y desaparecidos en su propio territorio ancestral. Esta es la triste y violenta noticia que nos llega desde todos lados en los últimos días. Los hechos se reiteran y no existe una atención real –por lo menos creíble– desde el Estado que busque erradicar esta situación.
En todos los casos, los responsables de tales tropelías son estancieros terratenientes –nacionales y extranjeros– que usando sus extensiones en civiles armados, y sus respaldos políticos locales, departamentales o nacionales, atacan y destruyen propiedades, pertenencias y vidas, y se apropian de las tierras ancestrales.
El último caso ocurrido es el del pasado domingo en la comunidad de Tacuara’i, zona de Corpus Christi en Canindeyú, donde sus habitantes del pueblo avá guaraní fueron atropellados por los capangas de un colono brasileño vecino –que ocupa tierras indígenas– y en medio de violencias y disparos desapareció un varón nativo (que denuncian sus pares fue asesinado) y, desde hace más de una semana, una mujer nativa. Quedaron destrozos, contusos y una gran indignación.
Las autoridades nacionales –policiales y fiscales– se demoraron más de un día en tomar intervención y solo después de que se viralizaran videos de indígenas pidiendo la investigación del caso y de viralizarse el caso a nivel local e internacional.
Si tuviéramos que contabilizar casos similares, solo en los últimos 10 años tendríamos más de 100 sin contar los que no lograron estado público. Casos gravísimos, como por ejemplo el de la comunidad Sauce (con civiles armados, atropellos, heridos, incendios, desplazamientos), siguen replicándose. Hoy es Tacuara’i, mañana podría ser otra. En la Región Occidental ocurre lo mismo. Ya sean paraguayos o extranjeros, aplican con impunidad la misma violencia para producir despojos de tierra y destrucción de bienes y vidas. Una vez tocó ir al Chaco Central, a una comunidad guaraní ñandéva reivindicada como Diez Cué. Un poblador menonita que se decía dueño de los territorios ancestrales pulverizó la aldea montado en una topadora. Los habitantes terminaron en medio de un desértico plantío de cactus sin nada que comer ni beber.
En todos los casos la acción del Estado fue y es cómplice.
Al no existir una seguridad real para los pobladores ancestrales que muchas veces incluso ya poseen títulos de propiedad o están reconocidas sus tierras por el Indi, sus vidas y futuro están a expensas de la discrecionalidad de los oportunistas, de los empresarios agroganaderos y sojeros, y de los políticos mendaces y corruptos.
¿Por qué ocurre esto? No por la ausencia de Estado como suele decirse para la fácil justificación de la inacción oficial. Es mucha presencia de un Estado con gobierno inoperante, irrespetuoso de las leyes y los derechos humanos básicos. De un gobierno –entendido como una sucesión de gobiernos en las últimas 6 o 7 décadas– que solo gobiernan para las mafias, los poderes y poderosos económicos. En donde los indígenas quedan puestos en el último escalón de abajo porque esa es una política deliberada de obliteración geno-etnocida.
Ocurre lo mismo que ocurría en épocas de la invasión española a América, solo que ahora se hace con leyes, marcos jurídicos y discursos de derechos humanos y garantías de propiedad. Derechos y garantías que se cumplen solo para algunos, para quienes financian la política, para los amigos de logia y de tropelías mafiosas. El resto del país, que reviente...