No es el primer político vinculado al narcotráfico, pero es el más reciente. Político colorado y miembro de una seccional de Asunción, Jeis Leonardo Urquhart de Lacerda fue detenido por la Policía, ligado al acto de sicariato en el Ja’umína Fest, en enero del 2022. Se le adjudica, asimismo, un supuesto apoyo logístico al Primer Comando Capital, PCC.
De acuerdo con los datos que dispone de él la Policía, Urquhart, conocido con su alias Yakaré, cuenta con órdenes de captura por asociación criminal y sería el apoyo logístico del presunto narco Marcos Rojas Mora, alias Marcos Capital, quien fue asesinado el 30 de enero de 2022, en el Ja’umína Fest.
En aquel evento también falleció la modelo e influencer, Cristina Vita Aranda. Yakaré y Mora estarían implicados en la provisión de armas de fuego adquiridas en el mercado negro y que fueron utilizadas en el tiroteo.
Lo que lo hace especial a Yakaré son sus vínculos. Fue candidato para el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por el movimiento Colorado Añetete, liderado por el ex presidente, Mario Abdo Benítez, pero también tiene fotos junto al actual presidente de la República, Santiago Peña, además del ex presidente, Horacio Cartes, actual titular de la ANR.
Una de las más conocidas excusas es la expresión: Ningún partido político se libra de tener conexiones con la narcopolítica. Lo que nunca se asume, sin embargo, es que la ANR con 76 años en el poder, prácticamente ha normalizado esta práctica y esas conexiones a lo largo de los años. Es por aquí por donde se ha ido infiltrando el crimen organizado, fortaleciendo sus lazos y su presencia dentro de las instituciones, haciendo prácticamente invencible a la impunidad. El círculo se cierra en forma perfecta cuando tenemos una Justicia que no es independiente, que es muy susceptible a las chicanas y otras maniobras dilatorias cuando los procesos afectan a estos implicados, así como a los procesados por corrupción pública.
Lo que sucede en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú es el claro ejemplo de una situación extrema que nos demuestra lo que sucede cuando abdicamos a nuestra soberanía e independencia en manos del narcotráfico y el crimen organizado.
Los delincuentes han logrado revertir a su favor la cruda realidad que se vive en ese lugar, utilizando nuestro arcaico y sobrepasado sistema penitenciario para convertirlo en una base de operaciones. Porque pocas cosas exhiben la derrota del Estado como el penal de Tacumbú.
Desde ahí, de acuerdo con los informes oficiales, se controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Las estimaciones señalan que Armando Javier Rotela, el zar del microtráfico, controla la venta de crac en todo el país. Hay datos que afirman que se recauda unos G. 250 millones semanales, repartidos para al clan como a autoridades penitenciarias y judiciales.
Es precisamente en ese ambiente donde se originan los hechos de delincuencia y violencia urbana que afectan a la población. Los asaltos a comercios, farmacias y residencias; los ataques de motochorros y hasta los robos de celulares en las paradas de ómnibus están intrínsecamente relacionados con la impunidad que las conexiones políticas le han dado al crimen organizado.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado deberá ser frontal, pero al mismo tiempo deberá considerar que en el proceso tanto instituciones como funcionarios están comprometidos. Ya no bastan los discursos ni las excusas, es hora de actuar pues en este punto de ruptura está expuesto nuestro sistema democrático y el estado de derecho.
