La inflación en Paraguay está en permanente debate por su impacto en la calidad de vida, ya que afecta de manera directa la capacidad adquisitiva y el consumo en los hogares. Adicionalmente, también hay desconfianza hacia las cifras difundidas, pues la percepción ciudadana indica que los datos que provee la autoridad monetaria no reflejan la realidad. Estos dos problemas requieren medidas de políticas públicas que deben ser implementadas en las instituciones que tienen competencia por la relevancia en la salud económica de los hogares, las empresas y el país en conjunto.
Sin embargo, entre 2013 y 2019, el ingreso laboral promedio cayó un 1% anual en términos reales, y posteriormente, un 2% anual entre 2019 y 2022.
Como resultado de esto, la reducción de pobreza ha avanzado más lentamente desde 2013. A finales de 2022, 19,9% de la población seguía por debajo de la línea de pobreza de USD 6,85 por persona y día. Entre 2021 y 2022, la pobreza extrema aumentó del 4,1 al 5,6% y la desigualdad subió de 42,9 a 45,1 puntos Gini debido en parte al alza de la inflación.
La caída del ingreso laboral real hizo que en 2021 su nivel sea el mismo que el de una década atrás, lo cual significa que en una década no hubo mejoras en la capacidad adquisitiva de los hogares. Esta situación hace comprensible el malestar no solo respecto de la realidad, sino también de las estadísticas oficiales que de manera exitista festejan una realidad macroeconómica que no se refleja en la microeconomía.
La percepción negativa respecto de las cifras de inflación es otro elemento que debe ser considerado.
La transparencia en el sector público no es exigencia solo de las instituciones que tienen recursos para implementar políticas públicas, sino también para aquellas que proveen información.
El objetivo de informar no se reduce a entregar un dato; además es necesario que se confíe en ese dato. Para ello también hay que informar y capacitar a la población sobre los procesos de levantamiento y cálculo, el uso, los alcances y las limitaciones.
Esto es particularmente importante en el contexto actual en el que hay un conflicto de interés, ya que la misma autoridad con competencia en la política monetaria es la que mide su propio resultado. Sobre todo en un país que cuenta con una autoridad estadística que produce información rigurosa y de calidad.
El problema de la inflación requiere políticas públicas, tanto para limitar su aumento como para garantizar la confianza en las estadísticas. En el primer caso son fundamentales las políticas agropecuarias e industriales que impulsan una mayor oferta alimentaria, ya que uno de los rubros que más pesan en la inflación y en la percepción de la gente es el aumento del precio de los alimentos. En el segundo caso, es fundamental explicar mejor a la ciudadanía y evaluar permanentemente el cálculo, además de solucionar el problema que genera el conflicto de interés.
La legitimidad de las políticas públicas y de las instituciones estatales es determinante del crecimiento económico y de la democracia. La inflación es un problema económico que deteriora la calidad de vida y las percepciones ciudadanas. Es fundamental abordar no solo los problemas de la realidad concreta de las personas, sino también de sus creencias sobre el Estado.
La inflación requiere políticas públicas para combatir sus causas estructurales que en Paraguay se relacionan con el acceso a alimentos sanos con precios justos y a los costos de la movilidad, además de garantizar la confianza en las instituciones con competencia en el control de la inflación y en la generación de información.
