Allí, una mayoría de cartistas y aliados rechazó un proyecto que pretendía suspender temporalmente la creación de nuevas carreras de medicina. El proyecto tenía dictámenes de aprobación de tres comisiones parlamentarias y se basaba en recomendaciones del Ministerio de Salud y del Círculo Paraguayo de Médicos. Se reclamaba que la profusión de facultades de medicina contrastaba con la inexistencia de suficiente infraestructura académica y hospitalaria en el país.
En otras palabras, hay ciudades de frontera con miles y miles de estudiantes de medicina y ni un solo hospital-escuela decente y, sin embargo, cada día hay más facultades nuevas. Con tantos médicos sin buena formación hemos pasado de un mero problema académico a una amenaza sanitaria. Se pedía que se detenga esta locura por cinco años, hasta que se logre poner un poco de orden en este caos.
Pero, como dije, nadie que conozca el negocio pudo haber tenido demasiada esperanza en que los políticos lo pongan en pausa. Funcionan con una lógica perversamente simple. Es, sencillamente, un negocio que deja ganancias fabulosas, a partir de una realidad que tiene que ver con la avidez del mercado. Cada año hay decenas de miles de estudiantes brasileños que no pueden ingresar a sus facultades de medicina públicas ni pagar las privadas. La opción son las ofertas baratas, cercanas y poco rigurosas de la frontera paraguaya.
Por eso existe la ridícula cifra de cerca de cuarenta facultades de medicina en el país. Unas pocas de ellas, excelentes. Otras, casi todas en la frontera, tienen tantos estudiantes, tan pocos registros, tanta movilidad, que se convirtieron en una agencia ideal de lavado de dinero. En Pedro Juan Caballero hubo varios casos de enfrentamientos a tiros e incluso asesinatos entre narcos por quedarse con alguna de estas universidades.
Para sostener la necesidad de seguir creando más facultades hubo que apelar a falacias. Bachi Núñez sostuvo que, por culpa de esta ley, podría ocurrir que, si las Universidades de Oxford o Salamanca decidieran abrir una facultad en Paraguay, se encontrarían imposibilitadas de hacerlo. Gustavo Leite argumentó que sería mejor exigir requerimientos de nivel académico e infraestructura a las facultades que ya funcionan y con eso el país ganaría 20 o 25 nuevos hospitales. Hubo quien dijo que no se le puede negar a nadie la posibilidad de estudiar y hubo otro que hizo cálculos de cuántos dólares dejarían de ingresar al país si se van los estudiantes brasileños.
Todo mentira, para no tocar un negocio detrás del cual siempre está un político. Bachi sabe muy bien que ni Oxford ni Salamanca jamás pondrán una filial aquí, y Leite también sabe que un hospital con nivel académico no es lo mismo que un tinglado con cuatro camas y dos consultorios. Los otros argumentos también eran falsos. No se pensaba cerrar ninguna facultad. Lo que no hubo, justamente, fueron argumentos académicos, se discutieron intereses comerciales y mercantiles. Que siempre están ligados a los políticos. Veamos un ejemplo.
Hace pocos días, la Junta de Gobierno de la ANR anunció la firma de una alianza con cuatro universidades –María Auxiliadora, Uninter, UPE y Universidad Central– para dar cien becas a jóvenes que quieran estudiar medicina. Si bien se trata de instituciones privadas, que pueden establecer relaciones con las corporaciones que deseen, me suena cuando menos extraño este vínculo tan íntimo entre establecimientos educativos y un partido político. Por más privada que sea la universidad, ¿será compatible con sus fines misionales? ¿O yo, nomás, soy especialista en hacer preguntas idiotas?
En todo caso, protéjase usted como pueda. El drama de las facultades de medicina de garaje no va a terminar. Dicen que la primera medida para salir de un pozo es dejar de cavar. Aquí no dejan la pala. No quieren dejar de recaudar.
