Legisladores y otros cargos públicos tienen negocios con el Estado, teniendo que tomar decisiones sobre sus mismos intereses, como el último caso, en el que una decena de parlamentarios manejan estaciones de servicios tanto privados como de Petropar, y se aprobaron sendos subsidios para el sector. En otros casos, llevan información privilegiada al salir del Gobierno para luego fortalecer sus empresas.
Estos hechos son faltos de ética y en otros países existen prohibiciones duras al respecto y, para que Paraguay esté acorde con la región y a la tendencia internacional, el 29 de marzo de 2021 se presentó un proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, y amplía la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. Sin embargo, todavía no existe dictamen alguno de las comisiones de la Cámara de Diputados, dejando la normativa, poco conveniente, dormida en la burocracia.
Entre los casos más conocidos se encuentra el del diputado de Fuerza Republicana, Éver Noguera, quien fue adjudicado con 28 licitaciones públicas en solo cuatro años, mediante las cuales recaudó más de G. 5.000 millones, desde el 2013 al 2017.
En su declaración jurada de bienes y rentas del 2015, Noguera tenía una fortuna de G. 5.749 millones, siendo funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Solo tres años después, en 2018, según su declaración jurada, cuando asumía como diputado, declaró una riqueza de G. 18.170 millones.
Noguera está imputado por un negociado con la merienda escolar en Guairá, donde ahora quiere ser gobernador.
En el mismo caso está procesado el senador Rodolfo Friedmann, quien fue gobernador de Guairá y vendía alimentos escolares al Estado.
PUERTA GIRATORIA. Uno de los casos más alevosos es el del empresario Horacio Cartes, quien luego de terminar su periodo en la Presidencia de la República, llevó al ex presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Méndez, como gerente de su cementera, aprovechándose de información valiosa.
Jorge Méndez fue cuestionado por el manejo de los USD 80 millones de los bonos para mejoras en la estatal. Además, Contraloría en su momento lo investigó por un daño de USD 15 millones durante su gestión.
Cartes inició una cementera incluso después de haber puesto trabas durante su gobierno a la cementera italiana Colacem, que quiso instalarse en Concepción.
Otro cuestionado hecho es la apertura de estaciones de servicios Enex, por parte de Cartes, quien nombró como gerente de su empresa privada a su ex presidente de Petropar, Eddie Jara.
Estos hechos fueron cuestionados por el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pero tampoco su equipo político impulsa proyectos para impedir estas irregularidades. “Quieren volver (el cartismo) para ser tan patriotas, de sacar conocimiento del Estado para hacer una cementera que le compita a la INC, donde el ex presidente hoy está a cargo de la empresa privada (Jorge Méndez). O no es el ex presidente de Petropar (Eddie Jara) hoy gerente de Enex”, expresó Marito en su discurso.
Este hecho se llama puerta giratoria, y está regulada en el proyecto de conflicto de intereses, que señala que las personas que han ocupado cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.
Con ello se evita que el funcionario deje su cargo para trabajar en una empresa privada y lleve información que generará ventajas en detrimento del interés público, o viceversa, cuando un empresario ingresa a trabajar al Estado y obtiene beneficios, causando conflicto de intereses.
