La pandemia del Covid-19 golpeó bastante duro a las empresas públicas.
Un informe publicado hace unos días por este diario (www.ultimahora.com/c2940033), con base en un recuento hecho por el Ministerio de Hacienda, reveló los estrepitosos déficits con los que cerraron el año 2020 cinco de las nueve compañías que son propiedad del Estado: la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Industria Nacional de Cemento (INC), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), con un acumulado de -G. 203.592 millones (USD 30,3 millones al cambio actual).
En el general, el resultado financiero de las nueve compañías ha caído en un 47,8% frente al mismo periodo del 2019, un año en el que también se soportó una recesión. En este comparativo se incluye a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Petropar y Puertos.
Es evidente que, en la actualidad, el servicio que prestan estas instituciones es deficiente. Estos millonarios déficits vuelven a ser un llamado de alerta para la administración de Gobierno, luego de haber ordenado el inicio de una auditoría general al comienzo de su mandato, lo que luego se tuvo que frenar debido a la pandemia del Covid-19.
Es que, como se viene repitiendo hasta el cansancio, la pandemia evidenció y profundizó aún más las históricas deficiencias de un Estado que se ha olvidado de la gente y que ha tenido como actores principales a personas que solo se han interesado por el bolsillo propio. En ese escenario, evidentemente, las empresas públicas no han sido la excepción.
El bajo desempeño de estas empresas ha quedado demostrado más que nunca, con servicios que son cada día más deficientes. Además de la ANDE y la Essap, que han agotado la paciencia de la gente, es bueno recordar ahora que la Copaco ni siquiera es capaz de brindar servicios de internet en los alrededores del centro de Asunción.
En estos días, leíamos en las redes la queja de una persona que había llegado a un acuerdo con la telefónica pública, pero luego se tuvo que rever el pacto porque era una zona sin cobertura. Esta persona vivía en barrio Obrero, apenas a cinco minutos del Palacio de López o del Congreso Nacional.
A este panorama totalmente desalentador, se suma el hecho de las millonarias gratificaciones que han dado estas empresas públicas a sus funcionarios, desde ayuda escolar, subsidio por hijo y ayuda alimentaria, hasta subsidio por vacaciones, subvención por nacimiento y pagos extras por lectura de medidores. Los datos publicados indican que han gastado en estos beneficios, al menos, un millón de dólares, solo entre enero y marzo de este año.
Repetidamente, las autoridades han dicho que está en la agenda política una reforma del Estado. Esta agenda incluye la nueva regla fiscal, la administración de pasivos, la carrera del servicio civil, la nueva ley de compras públicas, la reestructuración de entidades y la reforma de la Caja Fiscal, entre otros. Pero nada se ha escuchado sobre eventuales soluciones a las empresas públicas. Es imposible seguir postergando una salida a las deficiencias de estas compañías, que no hacen otra cosa que seguir enervando los ánimos de una sociedad ya harta.
Pero ojo, las soluciones no pasan por golpes de timón o cambio de nombres. Tienen que ver con acabar con los viejos vicios del clientelismo, con la creación de estructuras transparentes, con el concurso como pilar promocional y hasta diría que con la priorización de la rentabilidad social antes que la rentabilidad financiera.
Al gobierno de Mario Abdo Benítez le quedan poco más de dos años para culminar su mandato. En medio de tantas turbulencias que tuvo que sortear desde el 2018 hasta la fecha, dignificar los servicios que prestan estas compañías puede ser uno de sus pocos legados positivos.