Carlos Carvallo Spalding - Doctor en Economía - Ex Miembro del Directorio del BCP
Nuestro país está a las puertas de nuevas elecciones locales y, luego, vendrán las nacionales. Como es costumbre, al ritmo del movimiento en el tablero político, progresivamente comenzarán los operadores/buscadores de renta el proceso de presión para utilizar los recursos de todos los paraguayos en beneficio de unos pocos privilegiados.
El sistema político paraguayo, en general, se mueve en base a incentivos perversos y, en tiempos electorales, emergen aún con más fuerza el populismo, el clientelismo político, la malversación de recursos públicos, entre otras costumbres de la estirpe política nacional, en el marco de una debilidad institucional que les otorga oportunidad e impunidad.
Esta situación demanda profundas reformas estructurales en los planos económico, político e institucional. Pero estas reformas y la necesaria madurez cívica que la viabilice requieren de tiempo que no tenemos, ante los inminentes ciclos electorales. Se hace necesario, al menos, preservar la institucionalidad económica lograda en los últimos años, de forma que las amenazas de la voracidad política que se vuelve intolerable en cada ciclo político (cada vez más frecuentes) no terminen afectando los equilibrios macroeconómicos.
La acumulación de estabilidad económica generó los espacios necesarios para implementar profundas y acertadas políticas contracíclicas que permitieron mitigar, en alguna medida, el impacto económico y social del choque global, pero estos espacios se agotaron y es imperioso reconstruirlos nuevamente.
En tal sentido, en el corto plazo, tras el enorme esfuerzo fiscal, el primer gran desafío es lograr la convergencia a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para transmitir confianza. Es necesario, desde las distintas esferas de la ciudadanía, apoyar al ministro de Hacienda y equipo técnico en la difícil y nada grata tarea de resistir los embates del sistema político y de las corporaciones, ya que no solo está en juego la correcta asignación de los escasos recursos de los paraguayos, sino, adicionalmente, la necesaria consolidación fiscal. Son varios los ejemplos de países que han perdido el ancla fiscal con las consecuencias negativas que eso tiene.
En segundo lugar, si bien hasta ahora la mejor política fiscal ha sido nombrar ministros de Hacienda técnicos y responsables, seguir confiando en esta suerte es muy peligroso, ya que hay suficiente evidencia que los políticos desaprenden rápidamente. Para limitar la discrecionalidad del Congreso en la definición del presupuesto, es necesario ir más profundo en algunas reformas. Entre ellas:
1) Impulsar restricciones normativas para que el Congreso no pueda modificar los ingresos (cuya proyección es un tema técnico), ni tampoco aumentar gastos, es decir, que sus atribuciones se limiten a reasignar y disminuir (justificadamente) los gastos. Acercar el presupuesto votado al ejecutado daría más consistencia y credibilidad a la política fiscal.
2) Implementar un presupuesto quinquenal, acorde con las propuestas del gobierno electo por la ciudadanía. Daría predecibilidad al evitar la discusión anual de la ley y el consecuente lobby, clientelismo, soborno, etc., que emergen todos los años en el proceso de definición política (ahorra recursos en todos los sentidos).
3) Avanzar hacia una definición más moderna de la responsabilidad fiscal, más vinculada al concepto de déficit estructural, permitiendo que los ciclos puedan ser atendidos más eficientemente por las ejecuciones anuales.
4) Fortalecer el rol del Consejo Asesor Fiscal, que sea conformado por notables y que tenga la entidad suficiente, tal que pueda ayudar a ubicar en la agenda mediática y política el debate sobre reformas fiscales estructurales (tanto de ingresos como de gastos).
5) Generar más ingresos, fortaleciendo las áreas de control para disminuir la evasión fiscal. Evaluar la necesidad de reformar la política tributaria, que debería ser neutra en cuanto a modificar los incentivos de mercado a ahorrar, invertir y consumir, acorde a nuestro estadio de desarrollo y a la necesidad de atraer inversiones. La promoción de la equidad y de una sociedad más inclusiva debe ser valorada en toda la dimensión presupuestaria, y en ese sentido el gasto público es más potente que los incentivos y la estructura tributaria.
6) Fortalecer y darle instrumentos adecuados al equipo de Gestión de Deuda. Si bien el nivel de la deuda ha aumentado en forma importante con la pandemia, no es menos cierto que un escenario de convergencia gradual, ciclo electoral y fuerte déficit en infraestructura puede seguir impactando dicha dinámica. Si bien la deuda sobre producto está dentro de los márgenes de solvencia, el mapa de calor nos muestra que la deuda pública de la administración central sobre sus ingresos y el indicador de capacidad de pago (intereses pagados/ingresos tributarios) está por encima de los umbrales recomendados. Gestionar adecuadamente la deuda en estos niveles es muy relevante.
7) Crear un fondo (conformado con los recursos adicionales de Itaipú y otros) para inversión en la reforma de educación, salud y seguridad social, administrado por el Ministerio de Hacienda y asignado en base a un plan acordado y monitoreado por consejos autónomos de expertos y académicos en dichas áreas, que trasciendan los ciclos políticos.
Desde el ámbito monetario, también los desafíos son muy importantes. En el corto plazo, el de anclar las expectativas de inflación en el horizonte de política monetaria y, desde un punto de vista más estructural, administrar una hoja de balance con un estrés potencial adicional como causa de la pandemia, tanto del Banco Central (BC) como del sistema financiero.
Para enfrentar estos desafíos, es necesario seguir manteniendo una gobernanza fuerte y un perfil técnico del BC. La existencia de un BC autónomo con ancha espalda institucional, credibilidad y acumulación de años de política monetaria consistente, permitió implementar una política contracíclica sin precedentes. Pero en tiempos de mayor voracidad por recursos escasos, también se puede ver al BCP como una fuente atractiva de recursos. Por este motivo, hay que profundizar aún más la independencia del BC.
Estos puntos pueden aportar a un borrador limitado de agenda de discusión de reformas, sin siquiera entrar en la discusión más de fondo acerca de cómo lograr proveer bienes públicos de calidad y que estos impacten en la calidad de vida de los ciudadanos, lo que implicaría una verdadera reforma del Estado con énfasis en su rol, eliminando el Estado rentista que hoy tenemos.
En definitiva, hay que empezar a ponerle el cascabel al gato o sino, a llorar al cuartito.
