Los representantes de la sociedad civil ya habían planteado este escenario. “Estamos evaluando. No queremos que una ley que sea aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente sea sujeta a una acción de inconstitucionalidad”, manifestó Peña.
El abogado Manuel Riera Domínguez consideró una decisión prudente hacer la revisión, ya que la norma incluso causó que la calificadora Fitch no otorgue el grado de inversión a Paraguay.
Una de las críticas que señala Riera Domínguez es que la intervención estatal se da también en el sector privado. “Aumenta la presencia del Estado y te traslada, quieras o no, su propia ineficiencia a vos como ciudadano, que ahora, además del riesgo de que te sancionen o de que te multen, empezás a asumir todas esas ineficacias”, expresó.
El mismo senador proyectista, Gustavo Leite, se mostró gratamente sorprendido de que en Diputados hayan introducido a los donantes privados como sujetos de control. Para este efecto existen Seprelad, DNTI y otros. Por eso consideró, aunque en un audio privado, que la norma podría ser inconstitucional. “Hasta yo creo que se equivocaron porque incluyeron incluso que deben informar de fuentes privadas nacionales e internacionales y eso es bueno, y después también que los tres poderes pueden pedir informes, y ellos están obligados a darnos y rigen las sanciones si no nos dan, pero esto se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento porque ellos, evidentemente, no nos pueden dar los datos porque si nos dan los datos ellos mueren política y socialmente en Paraguay”, expresó Leite.
Por su parte, el abogado Manuel Riera Escudero sostuvo que la ley anti-ONG va a cortar el derecho a la libertad. “La ley anti-ONG es un golpe mortal para la libertad; es una manera de cortar la libertad. La gente cree que la Constitución es una regla de conducta para que la gente se comporte de determinada manera. La verdad es que la Constitución es un límite al poder. En este país no se entiende así”, cuestionó.
Cree que la única capaz de frenar los excesos de poder es la sociedad civil organizada. “Si nosotros seguimos con organizaciones gremiales y sindicales débiles, como las que tenemos ahora; que tienen facturas que cobrarle al Estado y eso les obliga a moderar su lenguaje, no vamos a poder enfrentar los excesos del poder”, advirtió el abogado.
Remarca que esta ley solamente apunta a “ir reduciendo el espacio de libertad del sector privado en beneficio del sector público”.
