Con esta decisión, el consorcio chileno-paraguayo R&Q y Consultora Guaraní SA, fiscalizará los trabajos a partir de ahora, por USD 7,5 millones. Estos controles externos de la obra iniciarán a casi un año de iniciarse los trabajos.
Recordemos que a finales de octubre la DNCP inició una investigación y ordenó suspender el proceso como medida de prudencia administrativa, tras una impugnación que presentó la firma Nippon Koei.
Vale señalar que el MOPC ya reevaluó dos veces las ofertas de los consorcios participantes, por orden de la DNCP, justamente por otras protestas que se dieron.
Justamente, por esta guerra de oferentes, que inició hace más de un año, la obra de USD 450 millones, que está a cargo del Consorcio Corredor Vial Bioceánico –integrado por la brasileña Queiroz Galvão SA y la paraguaya Ocho SA–, seguía sin fiscalización externa. Los trabajos son supervisados a medias por funcionarios del MOPC.
ANTECEDENTES. Vale señalar que ya en abril del año pasado el MOPC realizó la apertura de ofertas de la licitación para la fiscalización del Corredor Bioceánico, durante la gestión del gobierno anterior.
La administración del ministro Arnoldo Wiens se encargó de realizar la apertura de las propuestas económicas y evaluar tanto las ofertas técnicas y financieras, eliminando a siete de los once oferentes que se presentaron.
En este sentido, a comienzos de este año, el MOPC adjudicó el llamado en cuestión al consorcio fiscalizador Nippon Koei, que presentó una oferta de USD 9 millones –USD 1,5 millones más cara que la oferta más baja–, pero esta decisión fue anulada por Contrataciones, tras protestas. Tras la intervención de la DNCP, el MOPC tuvo que reevaluar las ofertas dos veces.
El Corredor Bioceánico es una de las obras más grandes que se está ejecutando con la Ley 5074 de llave en mano.