Dante Leguizamón, comisionado nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), explicó que por primera vez en 10 años se podría tener un descenso de aproximadamente 1.000 personas en el Sistema Penitenciario.
Esto, debido a que las penitenciarías no estaban recibiendo a más reclusos por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y el mismo proceso para el ingreso se enlenteció, utilizándose las cárceles como reclusorios temporales de personas, indicó.
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Al inicio del año, se tenían 15.544 personas privadas de libertad, en tanto que desde el mes de abril la cifra empezó a descender gradualmente, llegando a las 13.300 en el mes de setiembre, con una disminución de 2.244 personas, según un informe del MNP.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppRecién en el mes de octubre, con la apertura nuevamente de las cárceles, la cifra de hombres privados de su libertad aumentó en 186, llegando a las 13.486, luego de seis meses de descenso sostenido.
Leguizamón mencionó que el crecimiento anual es de 1.100 reclusos aproximadamente, pero que es prácticamente imposible que el sistema penitenciario reciba en lo que queda del año a las aproximadamente 2.000 personas que están en las comisarías, por la pandemia y la disponibilidad de lugares.
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En ese sentido, también señaló que las comisarías no están preparadas para albergar a personas y que ni siquiera tienen presupuestado el pago de alimentación o personal médico para los reclusos, por lo que es totalmente irregular que estén en las dependencias policiales incluso dos meses.
Sobre el enlentecimiento del proceso, manifestó que anteriormente un detenido tardaba entre 48 a 72 horas para ingresar a una penitenciaría, mientras que ahora se puede pasar 14 días en Judiciales de la Policía Nacional y tardar incluso dos meses.
Desde el 2010 (6.430) al 2019 (15.477), se tuvo un aumento de 9.047 personas privadas de libertad a nivel país.
Un hecho alarmante es la situación procesal en Paraguay, donde solo 28% de los hombres y el 40% de las mujeres cuentan con condena, mientras que el 72% y el 60%, respectivamente, se encuentran en calidad de procesados.
