Estuve viendo en estos días la propaganda que difunden los productores sojeros para rechazar la idea de que la exportación de granos (soja, maíz y trigo) pague impuesto. También la movilización y las amenazas directas e indirectas que propalan y/o ejecutan para tratar de impedir que el Senado aborde hoy el proyecto de ley sobre el tema o, en su defecto, hacer que sea rechazado. Con estas mismas maniobras y presiones en octubre de 2013 el presidente Cartes vetó la Ley 5082/13 que gravaba hasta un 10% la venta al exterior de los mismos granos, incluyendo el girasol.
La propuesta actual que entra en el orden del día en la fecha en la Cámara Alta, por impulso de la bancada del Frente Guasu, coloca la carga impositiva hasta en 15%. Un gravamen todavía mínimo a juzgar por las monumentales ganancias que embolsillan los productores y exportadores, sin devolver un poco de los beneficios y subsidios que reciben del Estado.
Según los cálculos magros (porque si hiciéramos proyección de las ganancias en expectativa quedaríamos cortos), el ingreso anual si los sojeros pagaran impuesto del 10%, para que el país reinvierta en salud, educación, caminos, más apoyo al agro y la industria, sería un aproximado de USD 300 millones.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEntre los tantos argumentos que alegan está el de que es un impuesto a la producción. Tal tergiversación perversa es como mínimo inmoral. Los que producen la oleaginosa seguirán haciéndolo en la misma situación y con los mismos privilegios. Lo que habrá es que quien venda los granos al exterior pagará el impuesto. También les leí decir que si no hay productores (ellos), no hay alimentos. Verdad manipulada. No acabarán. Los que exportan son quienes deberán pagar gravamen. Una devolución justa por los beneficios que reciben y los daños que causan.
Muchos especialistas ya lo dijeron: El peso total del tributo en la economía paraguaya es del 12%; los sojeros, por todo lo que producen y ganan, soportan solo el 2%. Esto no es equitativo ni justo. Sigue reproduciendo el modelo donde paga más el que gana menos o paga menos el que gana más.
Para crear sojales se destruyeron miles de hectáreas irrecuperables de bosques y la subsiguiente contaminación de tierra y cursos de agua. Una masacre ecológica. De unas 3.400.000 hectáreas de cultivos existentes en el país 3.200.000 son de soja: el 88% (el 83% en manos de 4.300 empresarios de la soja), invadiendo incluso tierras destinadas a rubros de consumo, provocando la disminución de alimento y la disparada de precios. Esto, a su vez, aumenta progresivamente la miseria en el campo y la migración a los cascos urbanos; y el número de pobres y miserables suma, suma y suma. La propia OMC reconoce que gravar los granos es la manera más efectiva de enfrentar la miseria. Más de 25 países ya lo ejecutan.
Muchos sojeros alegan que ya pagan el Iragro y el Iracis, tributos específicos creados para gravar parcialmente y permitir altas evasiones. En la práctica quedó evidenciado que no resultan. Paraguay es uno de los 30 países de mayor flujo de capitales ilícitos al exterior, gran parte por facturaciones fraudulentas de transnacionales, entre ellas, las exportadoras de soja.
Está claro, ¿no?