¿Por qué los oficios de la Fiscalía enviados a medios de prensa son improcedentes?

Los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez solicitaron a Última Hora una copia íntegra certificada de la publicación periodística de fecha 13 de mayo de 2022, cuyo encabezado, expresa: “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Además, datos de la persona encargada de la redacción del mencionado artículo.

El oficio corresponde a una diligencia en la causa iniciada por el Ministerio Público luego de la denuncia promovida por el ex presidente de la República Horacio Cartes sobre supuesta persecución política el pasado 31 de julio. El mismo oficio fue enviado al diario ABC Color.

Este pedido del Ministerio Público es improcedente, porque el Artículo 29 de la Constitución Nacional garantiza la libertad del ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas e insiste que “es libre y no está sujeto a autorización previa”.

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Esta normativa constitucional añade que “los periodistas de los medios masivos de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información”.

El artículo 28 también menciona que las fuentes públicas de información son libres para todos.

El mensaje es “de amedrentar” a la prensa, advierte abogado

El abogado Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), afirmó que el mensaje que dejó la Fiscalía a Última Hora es “de amedrentamiento” y advirtió que este tipo de situaciones no le convienen a la democracia.

El abogado especialista en derecho de acceso a la información subrayó que el ejercicio del periodismo tiene una protección en la Constitución Nacional porque en una sociedad democrática es el contrapeso del poder, difundiendo la información de los hechos y formando opinión pública.

A criterio del abogado, bastaba con que el Ministerio Público solicitara a Última Hora una copia auténtica del artículo y nada más.

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Siguiendo con el análisis sobre el oficio de la Fiscalía, concluyó en que hubo intencionalidad.

“Mandar un mensaje genérico para que piensen dos veces lo que escriben y sobre quién escriben y no importa que no haya dicho ‘fulano o mengano que tiene poder político’, acá hay un mensaje de amedrentar al mensajero”, afirmó Ezequiel Santagada. Explicó que, si un periodista eventualmente es identificado, será citado como testigo y posiblemente imputado en el marco de una investigación fiscal y que esto marcaría después a la persona, generaría temor por hacer su trabajo.

"¿Y qué va a hacer? Va a bajar un cambio y eso no le conviene a la democracia”, advirtió el director de IDEA.

“No es ninguna línea institucional”, dice fiscal general

Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dejó en claro que el oficio remitido no responde a ninguna línea institucional.

“Forma parte de las atribuciones personales de cada agente fiscal”, respondió de forma tajante el fiscal general del Estado.

De esta forma dejó en claro que el actuar de los fiscales no responde a “ninguna línea institucional”.

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Al presidente Santiago Peña también se le preguntó su opinión, pero evadió el tema.

“Yo quiero pedirles disculpas, hoy para nosotros es un día importante, histórico. Yo creo que vamos a tener la posibilidad, en otros ámbitos, de hablar de otros temas”, respondió el primer mandatario.

Organización preocupada y el rechazo del SPP

La organización Reporteros Sin Fronteras manifestó a través de su red social Twitter su preocupación ante los oficios enviados.

“La Constitución asegura el secreto de la fuente e insiste que el ejercicio del periodismo no está sujeto a autorización previa. Esperamos que estos casos no se repitan y que funcionarios públicos no utilicen sus poderes para intimidar a periodistas”, expresó.

Por su parte, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) rechazó los oficios judiciales que remitió la Fiscalía.

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A través de un comunicado compartido en sus redes oficiales, rechazaron la “desconcertante” acción llevada adelante por los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez, que fue calificada como “sumamente grave” para el ejercicio del periodismo.

Para el gremio, la actuación de los citados fiscales muestra “un desconocimiento total de las normas nacionales e internacionales de protección al derecho a la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo y el acceso a la información”.

Así también, condenaron el intento de amedrentamiento contra los periodistas que ejercen la profesión “buscando, mediante el acoso judicial, acallar críticas y pidiendo derivar en situaciones de censura y autocensura”.

En la nota, además, solicitan al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que deje sin efecto los pedidos de informes y que tome medidas “respecto a los agentes fiscales involucrados”.

Director de ÚH pide garantizar el derecho a la libertad de expresión

Arnaldo Alegre, el director periodístico de Última Hora, pidió garantizar el derecho a la libertad de expresión.

“Pedimos garantías para el ejercicio de nuestra tarea, de acuerdo con lo que establece la propia Constitución, en sus artículos 28 y 29", señaló en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

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En otro momento resaltó que con dichas garantías, está protegida la ciudadanía.

“Para que nuestro trabajo sea lo más eficiente posible, para que podamos demostrar que si hay un error, tengamos las herramientas constitucionales para acusar a una persona sobre un hecho específico”, sostuvo.

Indicó que en la respuesta al oficio, no brindarán el nombre del periodista que requirió el Ministerio Público. “Amparados en lo que dispone la ley, bajo ningún sentido”, aseguró.

“Yo escribí”, dicen los periodistas de Última Hora

Los periodistas de Última Hora piden garantizar el derecho a la libertad de expresión.

“Yo escribí el artículo”, manifestaron los comunicadores desde la redacción del medio a través de un video.