El artículo 247 de nuestra Constitución señala que el Poder Judicial es el custodio de la Carta Magna, encargado de interpretarla, cumplirla y hacerla cumplir, y establece también su independencia. Sin embargo, la realidad nos ha mostrado en varias ocasiones, y a través de diferentes hechos, lo difícil que resulta mantener la independencia de los poderes en Paraguay. El actual caso que conmueve a la sociedad –un presunto esquema de favores, coimas y corrupción pública– ha sido un duro golpe al ideal ciudadano de una justicia justa e independiente.
Antes del diputado Arévalo, el fiscal general del Estado afirmó que el juez se había apropiado de las evidencias esenciales y las distribuyó; así también manifestó que la investigación por parte del Ministerio Público “depende” de Osmar Legal, ya que "él tiene en su poder” aún el contenido de los mensajes de Lalo.
Haciendo resumen y memoria, el juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos, Osmar Legal, presentó un informe a la Fiscalía que revelaba indicios de corrupción pública involucrando al diputado colorado mencionado inicialmente, dos fiscalas y una jueza de Pedro Juan Caballero, entre otros.
Lo que resulta preocupante es que ahora la estrategia pareciera ser desprestigiar al mensajero para que nadie repare en el mensaje. Vale más para el diputado –que llegó a ejercer la titularidad del Jurado de Enjuiciamento de Magistrados– la burocracia y los tecnicismos, que el hecho concreto de que sus mensajes telefónicos con un diputado colorado imputado por lavado de dinero, vinculado al narcotráfico, ofrecieran pistas sobre un presunto tráfico de influencias. Eulalio Lalo Gomes había sido asesinado en agosto de 2024, en el allanamiento de su residencia, durante el Operativo Pavo Real, y según medios del Brasil, supuestamente tenía vínculos con narcotraficantes, y era colaborador de Jarvis Chimenes Pavão, que trabajaba con el Primer Comando Capital y otros grupos criminales. Las conversaciones contenidas en el informe del juez Legal ofrecen indicios desconcertantes.
Por encima de la anécdota, las dilaciones y las chicanas que eventualmente pueden comenzar a implementar, se hace muy necesaria una profunda reflexión respecto a nuestro muy desacreditado sistema de Justicia. Esto –lamentablemente– no es reciente. “Como decíamos ayer...”, igual que el enunciado de fray Luis de León, en el Paraguay hay más de diez mil personas procesadas y sin condena que sobreviven hacinadas en cárceles. Han quedado impunes los magistrados afiliados al Partido Colorado que participaron en internas partidarias, cuando el Código de Organización Judicial establece claramente que no deberían participar en ningún tipo de actividades políticas. Los casos de corrupción pública siguen cajoneados, y no olvidemos que hace apenas dos años Santiago Peña había designado, vía decreto, a la ex ministra de la Corte Suprema, Alicia Pucheta de Correa, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, nombrando a una persona vinculada al movimiento Honor Colorado, como cerrando el círculo del copamiento de los poderes del Estado.
Mientras el pobre que roba un frasco de champú está en una celda, se aleja cada día nuestro anhelo de alcanzar una justicia imparcial, objetiva e independiente. Solo una Justicia verdaderamente imparcial hará posible la condena a quienes defraudan la confianza del pueblo, el castigo a los corruptos y la defensa de las víctimas de abusos y arbitrariedades. De momento, la Justicia paraguaya sigue siendo aquella que describía el obispo salvadoreño Arnulfo Romero, como la serpiente, que solo muerde a los descalzos.
Urge que Paraguay avance en la defensa de su institucionalidad. No más expedientes cajoneados ni chicanas que solo garantizan la impunidad a los amigos, mientras dejan desamparada a la ciudadanía. Nos urge una Justicia independiente y soberana.
