Este año y el próximo serán cruciales para la población. La economía de los hogares ya venía en deterioro antes de la pandemia. Los ingresos laborales mostraban una caída, así como los niveles de empleo. La reducción de la pobreza se enlenteció y numerosos indicadores sociales empezaban a mostrar estancamiento en sus avances e incluso retrocesos.
La pandemia agudizó esos problemas, haciendo que muchos indicadores retrocedieran cerca de 10 años. El deterioro fiscal reflejado en el déficit público y la necesidad de endeudamiento también daban cuenta de la vulnerabilidad de las cuentas fiscales, situación que se agravó con el Covid-19, que exigió un fuerte impulso al gasto público.
El inicio del año 2022 fue marcado por una fuerte sequía y el aumento de los precios de alimentos y combustibles, rubros que representan una parte importante del presupuesto familiar. El panorama no es nada alentador y se opaca aún más frente a la perspectiva de un año electoral en el que las presiones clientelares empiezan a hacerse públicas.
La inexistencia de la carrera del servicio civil, junto con la histórica costumbre de contratar funcionarios públicos para garantizar lealtades político-partidarias convirtieron a las oficinas públicas en refugios de operadores políticos que en años preelectorales aprovechan para extorsionar.
Así, estas presiones ya se iniciaron debido a que está en proceso la elaboración del proyecto de Presupuesto 2023 y probablemente continuarán también sobre el Presupuesto vigente no solo en términos de la función pública sino también de las contrataciones con el Estado. Los negocios con el sector público son uno de los mecanismos para retribuir el aporte de las empresas al financiamiento de la campaña electoral.
La recuperación económica necesita un Estado fuerte, más aún en un contexto inflacionario que requiere políticas para mantener al menos en parte la capacidad adquisitiva de los salarios y proveer servicios públicos eficientes para contrarrestar el aumento de los gastos en otros rubros de los presupuestos familiares.
Luego de la pandemia, las familias quedaron muy golpeadas económica y afectivamente. El rol del Estado pasa a ser central para la resiliencia económica y ello requiere recursos económicos y compromiso de parte de los funcionarios públicos.
El electoralismo temprano y perverso será sumamente dañino para la población, ya que su principal efecto estará en el desvío de fondos públicos que debieran destinarse al bienestar de la población hacia funcionarios y empresarios que prometen votos y financiamiento a cuenta de favores políticos.
El Presupuesto de gastos, como parte de la política fiscal, adquiere centralidad y se convierte en un instrumento de negociación política. Esperemos que las autoridades económicas y políticas sean conscientes del compromiso que tienen de gobernar para la ciudadanía y el país.
