Recientemente publicó Última Hora los padecimientos de pacientes que recurren al Hospital Distrital de Presidente Franco, en el Alto Paraná, para conseguir atención médica. Este es el caso de una persona que acudió a reservar un turno para su anciana madre, explicó que ya tiene los análisis, pero le falta el diagnóstico para seguir un tratamiento para los dolores, aparentemente debido a una infección urinaria. Al ser escasos los turnos para la especialidad de urología, esta persona esperó toda la madrugada, a la intemperie con bajas temperaturas, pero todo fue en vano, pues el personal avisó –tras la larga espera– que el médico no acudiría a su consulta los siguientes días. “Epoína la otrogui ha emba’apo la nde pueblo rehe”, decía el indignado ciudadano.
Otro vergonzoso ejemplo del estado de la salud pública se dio en el Instituto Nacional del Cáncer (Incán), donde a través de una circular se prohibía a los médicos que prescribieran medicamentos y estudios costosos que no estuvieran disponibles en el hospital. Ciertamente la medida fue revocada, tras las denuncias y reclamos de los pacientes oncológicos, hecho que no logrará ocultar la ignominiosa intención de las autoridades de Salud Pública.
Resulta frustrante observar el grado de improvisación de las autoridades del Gobierno, así como también su completa falta de compromiso con la gente. El presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer es insuficiente para hacer frente a la demanda, el Incán precisa un aumento de un 40% de su presupuesto, lo que equivale a unos G. 500.000 millones, ya que el tratamiento de una persona con cáncer oscila entre 60 y 100 millones de guaraníes.
Santiago Peña, conociendo esta situación, decidió dejar sin recursos la asistencia a pacientes oncológicos para concentrar los recursos en su programa estrella Hambre Cero. De los fondos de Fonacide, eliminado por Peña, se destinaba el 10% a un Fondo Nacional de Salud, con el que se financiaban programas para la salud mental, atención a pacientes oncológicos y la provisión de insumos y equipos para el Ministerio de Salud. Cuando el Gobierno impuso su ley de Hambre Cero, dejó a estos programas sin USD 49.794.463. Para compensar, un grupo de parlamentarios de la oposición plantearon aumentar el impuesto al tabaco un 2%, con lo que habría recursos para asistir a los pacientes con cáncer. Lamentablemente, los diputados, en su mayoría colorado-cartistas, rechazaron la iniciativa.
Estas son las acciones hipócritas e improvisadas de un gobierno que no está atento a las necesidades de su población, y que rechaza toda posibilidad de aplicar políticas públicas.
Los paraguayos y paraguayas recuerdan el anuncio realizado en la Navidad del año 2009 por la ministra de Salud, Esperanza Martínez, durante la presidencia de Fernando Lugo, sobre la gratuidad de los servicios de salud en los centros y hospitales dependientes del Ministerio, lo que incluía medicamentos básicos y otros como los análisis externos y ambulancia. “Todo lo que hay, será gratis”, habían anunciado. De haberse convertido aquella medida en una política pública, este sería un país distinto; desafortunadamente nuestra clase política elige cada cinco años en el inicio de un nuevo gobierno dejar sin efecto las iniciativas del anterior, además de trabar toda posibilidad de formular políticas públicas, y todo eso va en detrimento de las necesidades de la población.
