El mercado de productos agrícolas registró nuevamente un significativo aumento de precios en el último mes. Los datos de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) muestran incrementos entre el 2% y el 259% entre febrero y marzo en rubros que son parte de la cultura gastronómica nacional e indispensables para una buena salud nutricional. Este problema tiene innumerables consecuencias, todas ellas de gran relevancia para la calidad de vida, la reducción de la pobreza, el trabajo y la salud de la población y, a pesar de ello, el Estado no le da importancia.
Estos datos corresponden a los precios promedio para mayoristas en mercados de referencia como el Abasto. Para los consumidores finales, los costos pueden ser incluso mayores, por la influencia de los costos de transporte, almacenamiento, margen de ganancia e impuestos. Una de las razones señaladas por representantes de gremios vinculados al sector es la menor producción, en parte debido al calor extremo.
Un impacto directo de la inflación es el deterioro de la calidad de los alimentos que pueden adquirir las familias, ya que los ingresos laborales claramente no se incrementan al ritmo del aumento de los precios de la canasta básica.
Este deterioro se verifica en las peores condiciones nutricionales de la población. Los datos oficiales señalan que el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con talla baja o desnutrición crónica llegó a su máximo nivel en 2022 con el 13% mientras que el porcentaje con desnutrición aguda se ubicó en 6,3% también el más alto en los últimos años.
Estos resultados no son llamativos si se considera que hay un abandono del Estado a la producción de alimentos. El presupuesto dirigido a este sector se redujo a cerca de la mitad en una década con el agravante de la inflación y de la crisis climática. A la par aumentó la importación de alimentos según los registros legales, a lo que hay que agregar la entrada de contrabando que no es registrado.
Con estos datos, tampoco llama la atención el estancamiento de la reducción de la pobreza, ya que la producción y los precios de los alimentos afectan por dos vías a este problema. Por un lado, al aumentar los precios en el sector urbano, se eleva la línea de pobreza, por lo tanto los ingresos familiares son insuficientes para adquirir la canasta de bienes que define dicha línea. Por otro lado, en el sector rural, el abandono a la agricultura familiar reflejado en la falta de apoyo al sector, en la incapacidad para controlar el contrabando y en importación hace que una gran cantidad de familias pierda su principal fuente de ingresos obstaculizando la reducción de la pobreza.
La situación se agrava considerando la crisis climática cuyas consecuencias podrían haberse mitigado con políticas públicas que impulsen mayor infraestructura y tecnología en las fincas campesinas. El precio de los alimentos también afecta a los emprendimientos agroalimentarios. Miles de micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay se dedican a industrializar la producción de la agricultura familiar. Al no contar con insumos o al elevarse sus costos pierden oportunidades de producción y productividad.
Lo peor del caso es que estos problemas están siendo alertados desde hace años por los campesinos y se incluyen año a año en las demandas en el marco de la marcha campesina en el mes de marzo.
Los sucesivos gobiernos han desoído las alertas, niegan la crisis climática y desatienden las estadísticas que muestran con claridad la evolución del grave problema que afecta a la población paraguaya en sus múltiples dimensiones: Pobreza monetaria, migración hacia las ciudades, mala situación alimentaria e inflación de alimentos.
