Con este proyecto se pretende eliminar a la Secretaría Nacional Anticorrupción y la institución será absorbida por la Contraloría General de la República (CGR).
Al respecto, la senadora Yolanda Paredes manifestó que la preocupación se da por los amplios poderes que dará la ley a la Contraloría.
“Si queremos ser mal pensados, la ley puede servir para cosas bastante gruesas en el sentido de llegar a blanquear a políticos corruptos o que han hecho justamente declaraciones falsas. Tenemos casos emblemáticos en distintos años donde justamente los dictámenes de la Contraloría General de la República han facilitado el blanqueamiento de corrupción pública”, manifestó la legisladora de Cruzada Nacional.
Con respecto a la potestad que podría tener la institución a partir de la promulgación de la ley con los informes, Yolanda indicó que no podrán ser vinculantes en un proceso.
“Eso nunca puede ser vinculante, ya que el poder jurisdiccional lo tiene el Poder Judicial y el ofrecimiento de pruebas y diligenciamiento de pruebas debe ser libre y eso se debe dar en un amplio debate, pero dentro del ámbito jurisdiccional, que es el Poder Judicial”, precisó.
CRÍTICAS. En la sesión de la semana pasada se dio un breve debate sobre el proyecto cuyo estudio fue postergado para el día de mañana. En ese momento fue cuestionado el hecho de que la iniciativa no había sido incluida en el orden del día en la reunión de mesa directiva y se hizo al día siguiente, dando poco tiempo para el estudio en las comisiones. “Este proyecto no resuelve el conflicto entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas, además entra en conflicto con el Ministerio Público”, mencionó Rafael Filizzola. El senador Eduardo Nakayama señaló que el proyecto requería de más análisis constitucionales porque podría haber “prejuzgamiento” porque el informe de la CGR podría ser vinculante. Sostuvo que la Contraloría tiene bien delimitadas sus funciones.
Por su parte, el senador Sergio Rojas señala que la Contraloría tendría competencias del Ministerio Público.
“Esta ley es ponerse la soga al cuello para someternos a un funcionario de la Contraloría que produzca un informe. De paso, cerramos la Fiscalía”, cuestionó.
El diputado César Cerini presidirá la comisión bicameral encargada del informe y dictamen de la Contraloría General de la República. Las reuniones se realizarán los lunes, a las 15:00 y el informe final será entregado a ambas Cámaras en un plazo de 45 días. Para la primera reunión del 21 de octubre serán convocados los ministros Luis Ramírez, titular de Educación y Ciencias (MEC), y Rodrigo Nicora, del Ministerio de Justicia.
CGR responde a inquietudes sobre Ley de Integridad
El contralor general de la República, Camilo Benítez, participó ayer en la sesión de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores para aclarar puntos sobre el proyecto de Ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”, presentado por el Poder Ejecutivo a principios del mes pasado, y que absorberá funcionarios y funciones de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
Legislación dictaminó por la aprobación con dos modificaciones: La primera establece que los dictámenes de la Senac dentro de la Contraloría no serán vinculantes; y la segunda propone la eliminación de las denuncias anónimas, según detalló el vicepresidente de la comisión, el senador colorado Luis Pettengill. El tema será tratado este miércoles en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.
