Los casos de políticos blanqueados son solo la punta del iceberg y, para no desmontar todo el sistema instalado de negociados con dinero público, estos acusados son protegidos, es lo que sostienen referentes de la oposición.
Para el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, no se trata de protegerlos porque están en un mismo partido, sino para seguir con el negocio. El ejemplo más claro está, indicó, en el rechazo a la intervención de la Gobernación de Central. “Le salvaron al gobernador de Central, Hugo Javier González, no porque falten argumentos a favor, o que el gobernador sea colorado y se enojan con los opositores por no tener la misma vara con otras administraciones, le salvan porque protegen sus negocios, esa es la única razón”, aseveró el legislador.
Recientemente, además, fue blanqueado en su proceso judicial el diputado cartista Tomás Rivas, acusado de estafa al Estado por tener tres empleados particulares con salarios de la Cámara de Diputados siendo planilleros. Mediante un acuerdo con Pedro Alliana, presidente de la Cámara, pagó un resarcimiento y fue sobreseído, pero sus tres caseros fueron condenados.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, por su parte, manifestó que en el caso de Hugo Javier, los organismos públicos revelaron con documentos irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de la Gobernación de Central en los últimos tres ejercicios fiscales, por valor de G. 24.727.915.685, que mínimamente se configura como mal desempeño de funciones. “Hugo Javier González no está solo. Él es parte de un sistema. Él es el verdugo, pero detrás de él y por encima de él hay una maquinaria, un sistema que tampoco afecta únicamente a la Gobernación de Central. Le salvaron porque saben que ese sistema perverso desde donde se roba y se traiciona la esperanza de millones de compatriotas, debe seguir funcionando”, acusó.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppExpresó que así funciona el mecanismo y la intención real es que la impunidad sea perpetuada, para que sus sucesores sigan robando. “Los que lo defienden no lo defienden a él, sino que encubren y defienden un sistema de corrupción, de robo y de fraude detrás del que muchos solo esperan su turno para hacer lo mismo que hizo este personaje ínfimo, secundario y prescindible en la trama del gran esquema que nos saquea y mantiene en el subdesarrollo durante décadas, enriqueciendo a los mismos de siempre a costa de la miseria de muchos”, manifestó.
Varios políticos que se enriquecen con el Estado fueron blanqueados y protegidos.
Para la legisladora del PEN, la condena del clan González Daher fue solo un consuelo, usan a una persona que fue ser prescindible para luego seguir con el esquema. “El mecanismo se debe preservar, lo que importa es que pueda perpetuarse la impunidad. Solo de vez en cuando nos tiran algún huesito, alguna pieza prescindible: Sacrifican un peón para que la reina y el rey puedan seguir robando. Funciona como reloj”, lanzó.
Varios políticos y otros recaudan con fondos públicos
Los blanqueos sucesivos de políticos y empresarios este año revelaron un esquema de corrupción que se nutre del Estado.
De hecho, políticos que tienen negocios con fondos públicos son protegidos pese a las evidencias. Entre los casos más destacados figura el diputado de Colorado Añetete Éver Noguera, quien por medio de licitaciones triplicó su fortuna.
Fue adjudicado con unas 28 licitaciones públicas en solo cuatro años, mediante las cuales recaudó más de G. 5.000 millones, desde el 2013 al 2017.
Está imputado por administración en provecho propio y asociación criminal, pero la Cámara Baja rechazó su desafuero.
También el senador de Colorado Añetete Rodolfo Friedmann negociaba con la merienda escolar siendo gobernador de Guairá y está procesado en el mismo caso que Noguera.
Igualmente, el gobernador de Central, Hugo Javier González, era cabeza de un esquema de recaudación con facturas falsas por medio de oenegés a quienes se les transferían fondos de la Gobernación. Cuatro instituciones de control presentaron informes técnicos que revelaron el fraude.
Durante la pandemia también salieron a luz negociados con licitaciones del Ministerio de Salud para compra de insumos médicos. Las figuras visibles del esquema fueron los Ferreira, una familia dueña de empresas como Imedic y Eurotec que acordaban entre sí para amañar licitaciones. Esto le costó la cabeza al ministro de Salud Julio Mazzoleni.
Recientemente, Julio Fernández, titular de la Dirección Nacional de Aduanas, vinculó al senador Martín Arévalo en un mecanismo de tráfico de celulares provenientes de Estados Unidos.
Indicó que, según un informe del país norteamericano, desde el 2014 al 2018 fueron importados por valor de USD 3.946 millones solamente celulares al Paraguay. Dijo que por esto quería tener funcionarios de confianza en puestos claves, como los puertos, por donde ingresan mercaderías de contrabando.