Paraguay país desde hace décadas es catalogado como de tránsito de la cocaína, porque de los cultivos de la marihuana los productores locales saben mucho. Las grandes estructuras criminales ligadas al narcotráfico hace añares operan en el Norte del país, especialmente en Amambay. En San Pedro, Alto Paraná, Itapúa y Ñeembucú las bandas vinculadas a este rubro también marcaron territorio. Últimamente en Central y Cordillera cayeron importantes cargas de cocaína. Desde hace algunos años el sicariato incursionó en barrios de Asunción.
En varias de estas zonas la injerencia de la narcopolítica en los partidos siempre estuvo bajo sospecha. Saltaron indicios y acusaciones de financiamiento de candidaturas y de campañas electorales con fondos del narcotráfico.
Un nuevo caso salpica los cimientos más sensibles de la política. Involucra a un antiguo dirigente liberal, Julio Acevedo, ligado al llanismo. Es miembro del Directorio Departamental del PLRA por Alto Paraguay. Fue detenido junto a su hijo por estar supuestamente involucrado en una estructura del narcotráfico, liderada por el hijo del ex diputado Elvis Balbuena, Fernando Balbuena Acuña, también liberales. Acevedo en el 2008 se candidató para gobernador de Alto Paraguay, pero no ganó. Luego fue director de Tacumbú, cuando Blas Llano era ministro de Justicia. Renunció por una causa de pornografía infantil en la cárcel, por el que fue condenado. En el 2018 quiso ser diputado, pero quedó por el camino.
El diputado colorado Ulises Quintana fue acusado por la Fiscalía de integrar la banda de narcos liderada por Reinaldo Cucho Cabaña. Es la primera vez que el Ministerio Público incriminaba a un legislador de usar dinero del tráfico en su campaña de diputado para las internas de la ANR. La Corte resolverá sobre la validez de la acusación. Con proceso encima fue candidato a intendente de CDE. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo calificó de persona significativamente corrupta y le prohibió su entrada a EEUU.
El año pasado, tras el asesinato del ex diputado suplente del Partido Colorado por Amambay, Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, salió a relucir el débil trabajo investigativo de la Fiscalía y de la Justicia para perseguir a políticos que han sido acusados por la Senad, de estar vinculados al narcotráfico. Al mismo tiempo también muestra la necesidad de que los partidos políticos saneen sus filas y eviten que el cáncer del narcotráfico se apodere de ellos.
Otros nombres de políticos ligados al narcotráfico fueron expuestos en una sesión del Congreso en el 2014, pero las investigaciones no avanzaron.
Ante estos casos y otros, con políticos ligados al narcotráfico o al crimen organizado, preocupa la injerencia de la narcopolítica en los partidos porque este esquema delictivo puede debilitar las bases del estado de derecho y de la democracia. El origen de los fondos de los candidatos en las campañas políticas de los partidos debe ser siempre foco de atención de las instituciones a cargo de la investigación. Un monitoreo serio y eficiente transparentará el financiamiento principalmente de los procesos electorales, que son donde aparecen los grandes montos de dinero.
Las instituciones antidrogas, como la Senad, deben invertir cada vez más en tecnología de punta para fortalecer sus investigaciones y de esa manera perseguir con mayor eficacia a los integrantes de las bandas criminales que fomentan el tráfico. Solo así podrán contar con el equipamiento necesario para enfrentar a estas estructuras del delito que suelen realizar grandes inversiones en logística y en contrainteligencia para evadir los procedimientos. Otro aspecto muy necesarios para el combate es el control riguroso del financiamiento de los políticos y penalizar ejemplarmente a aquellos que usan dinero sucio.
