En un sinnúmero de veces de nuestra historia reciente hemos escuchado que Paraguay es un paraíso narco y de lavado de dinero. La sucesión de hechos sostienen ese calificativo. Autoridades, políticos y gente en el poder fueron salpicados por involucrarse con sindicados por narcotráfico o ellos formaban parte de la pesada. A lo largo de los años se ha comprobado también que policías y militares eran cómplices de grupos narcos y gozando todos de impunidad.
Un golpe fuerte para el Gobierno de Mario Abdo es la vinculación de su entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, que junto a Lindomar Reges Furtado eran el objetivo de la Operación Turf, que pretendía detenerlos por su supuesta participación en el tráfico de drogas y lavado de activos. Espíndola fue detenido en el Brasil y Lindomar logró fugarse de manera sorprendente del Paraná Country Club. Giuzzio admitió públicamente que utilizó la camioneta de Espíndola para vacacionar en el Brasil. También circularon fotos de ambos cuando el encausado hacía demostraciones y ofrecía equipos tácticos. Todo eso ocurre después de que Giuzzio había denunciado al ex presidente Horacio Cartes de formar parte de una mafia que lidera supuestamente el negocio del contrabando de cigarrillos en la región y sus conexiones con el esquema del lavado de dinero.
En el operativo A Ultranza Py por tráfico de drogas y lavado de activos también saltan nexos de los detenidos con políticos. Entre los aprehendidos está Alberto Koube. Es hermano del ex candidato a concejal colorado por Asunción Daniel Koube. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, compró un yate de Alberto y admitió ser amigo suyo. También le adjudicó licitaciones. Luego fue destituido por Mario Abdo.
Otro de los apresados es Job Von Zastrow, quien es el suegro del senador cartista Sergio Godoy. En tanto, Conrado Ramón Insfrán, detenido, es hermano del pastor José Insfrán, procesado en esta causa y con orden de captura. El pastor, ex precandidato a gobernador de Canindeyú, aparece en fotos de reuniones políticas con Mario Abdo y en otras con el vicepresidente Hugo Velázquez.
Alberto Koube está vinculado a varias empresas, una de ellas el Grupo Tapyracuai SA, de la que es presidente y en la constitución de la sociedad aparece el hermano de un político salpicado por narcotráfico. En otra, figura como presidente un ex intendente liberal. También se viralizó una foto del procesado con el presidenciable Santiago Peña y el diputado Pedro Alliana.
Empresas vinculadas a Marcus Vinicius y a Alberto Koube figuran como proveedoras del Estado. Una de las firmas que estaría ligada a Vinicius, que opera en el rubro de reactivos químicos, obtuvo el año pasado un contrato por G. 1.500 millones. Mientras que firmas de Koube fueron adjudicadas en siete licitaciones, cuatro por la SEN.
Los organismos estatales deben intensificar los controles para evitar que empresas ligadas al esquema narco se infiltren en el Estado y realicen el circuito para sanear el dinero sucio. Tras el cambio en Interior, el Gobierno igualmente reestructuró algunas funciones para seguir la ruta del dinero e investigar a empresas que proveen al Estado.
Es necesario que los organismos de seguridad e investigación fortalezcan sus sistemas de inteligencia con apoyo de tecnología de punta y endurezcan el combate al crimen organizado. Es un hecho sumamente grave que el esquema narco está cada vez más relacionado al sector político porque pone en riesgo las bases del estado de derecho y de la democracia. Y finalmente… un poco de integridad vendría bien.
