Se pagó un total de G. 3.600 millones por el inmueble, refiere la denuncia hecha por los concejales Nilda Venialgo y Germán Ibarrola. Le atribuyen hechos de lesión de confianza, uso y producción mediata e inmediata de documentos de contenido falso, además de cohecho pasivo agravado (coima), asociación criminal.
Para entender el caso, según la denuncia, en el 2017, el entonces intendente Rubén Rojas hizo un contrato de compromiso de compra de 100 metros de un inmueble con representantes de la Iglesia de Dios. El valor era de G. 100 millones. En ese momento, fueron informados de que la propiedad se encontraba en un proceso de “litigio judicial, penal, civil, electoral”, por dos grupos religiosos.
Cuando subió Cano a la Intendencia, también quiso comprar la propiedad, pero el monto subió a G. 5.000 millones y se llegó a un acuerdo de G. 3.619 millones. La denuncia, sin embargo, refiere que el terreno es municipal.