En el límite del plazo legal, el Ministerio de Hacienda acude esta mañana al Congreso Nacional para entregar el proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2023.
Los datos preliminares dados a conocer por la cartera en estos días dan cuenta que el plan de gastos estará en torno a los USD 14.500 millones, lo que es superior en casi 5% al monto inicial aprobado para este año, pero cercano a los números vigentes con las ampliaciones aprobadas en los últimos meses por los parlamentarios.
En línea con el plan de retorno a la regla fiscal, el Tesoro enfiló el déficit en el 1,5% del producto interno bruto (PIB, estimado en USD 40.000 millones), pero pide una nueva autorización especial para que el saldo rojo llegue al 2,3% en diciembre, lo que representará unos USD 920 millones. Este será el quinto año en el que el Ejecutivo aplicará la cláusula de escape prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal (ver la infografía).
La recaudación tributaria estaría por los USD 4.686 millones, un aumento del 9% en relación al cierre previsto para diciembre de este ejercicio. Esto supone, en principio, ingresos adicionales por valor de USD 387 millones.
Si bien no se incorporan reajustes salariales generalizados como plantearon sindicatos públicos, sí se prevé subas dirigidas a docentes, personal de blanco y fuerzas públicas. Las estimaciones oficiales indican que esto tendría un costo de aproximadamente USD 150 millones para el Fisco.
El Estado pretende invertir en obras unos USD 1.000 millones el año que viene y emitir bonos por USD 548 millones, aunque el endeudamiento sería mucho mayor si se tienen en cuenta los préstamos pendientes de desembolso.
La cartera realizó la consolidación del Presupuesto 2023 sobre una base de expansión del PIB del 5,2%, una inflación del 4,2% y un tipo de cambio guaraní/dólar de 7.098.
Circuito. Tras su presentación oficial, el PGN 2023 es remitido a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, integrada por diputados y senadores de todas las bancadas.
Esta instancia del Parlamento deberá la semana entrante sesionar y elaborar una agenda de trabajo. Según el marco legal vigente, la Bicameral tiene 60 días para convocar a todas las instituciones públicas para defender sus presupuestos y luego debe emitir un dictamen con sugerencias para la Cámara de Diputados.
Diputados, a su vez, tiene 15 días para analizar el documento y remitirlo al Senado, dependencia que también debe estudiarlo en 15 días. En caso que el Senado introduzca modificaciones, el proyecto vuelve a Diputados para ratificación o aceptación de dichos cambios.
