A través de una nota enviada al presidente del República, Mario Abdo Benítez, el presidente del Senado, Blas Llano, pide que la reorientación del gasto público hacia la eliminación de la pobreza de las familias paraguayas sea parte de la reforma del Estado.
Llano sostiene que la crisis del Covid-19 obliga, por un lado, a reorientar el gasto público hacia la salud y otros servicios prioritarios; y, por otro, a tomar en consideración la grave vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias.
“Por ejemplo, si la higiene personal y el distanciamiento social son prioridades, se debe conocer cuáles hogares carecen de agua potable y baños higiénicos. Lastimosamente, hoy el Estado no sabe a ciencia cierta qué familias necesitan servicios específicos”, señaló el senador.
Señaló que el sistema de protección social impulsado por el Gobierno busca coordinar la oferta, pero no conocer a ciencia cierta la demanda específica de cada familia urbana, rural e indígena, ni cuenta con la tecnología digital apropiada para hacerlo.
“Una reforma del Estado que no contemple un mayor protagonismo de las familias paraguayas corre el riesgo de continuar con un gasto público excesivo y desconectado de resultados que aseguren que la prosperidad del crecimiento económico y aumento del PIB se reflejen en el bienestar y la no pobreza de las familias”, aseguró.
Por esa razón, propone identificar a todos los hogares paraguayos y conocer sus vulnerabilidades a través de una modalidad llamada extensionistas familiares, cargos que serán ocupados por empleados públicos permanentes ya existentes.
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“Se calcula que a razón de un promedio de 200 familias por funcionario se necesitarían aproximadamente 8.000 funcionarios que harán de extensionistas familiares. Rápidamente seleccionados por su proximidad geográfica y debidamente capacitados, estos profesionales podrán ser los encargados de hacer llegar los servicios estatales a los hogares”, explicó a través del escrito.
También sugiere desarrollar el concepto de Ventanilla Única de Servicios, el cual consiste en desarrollar procesos, plataformas digitales y aplicaciones que permitan a los extensionistas familiares fácilmente contar con un menú de soluciones para las familias para encarar las necesidades prioritarias y resolver sus vulnerabilidades.
“Para lograr un equipo humano al servicio de las familias se deberá desarrollar un programa de entrenamiento y capacitación presencial y digital. Esto permitirá que los mismos manejen tecnología digital básica en sus teléfonos o tabletas y puedan ser verdaderos mentores de las familias. Se sabe que con la apropiada motivación y capacitación las familias serán protagonistas de su propio deseo de salir adelante”, agregó.
Se plantea establecer un registro único georreferenciado de información social que permita identificar a los 1.500.000 hogares paraguayos. El mismo deberá incluir las cédulas de identidad de todas las personas que coman y duerman bajo un mismo techo, con el compromiso de respetar las normas éticas y legales vigentes en materia de protección de datos y privacidad.
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El presidente del Congreso resaltó que la presente iniciativa utilizará tecnología existente y de fácil acceso para censar y georreferenciar a las familias.
Dicha tecnología servirá para elaborar la línea de base y de punto de partida que también permitirá a las propias familias conocer e identificar sus fortalezas y carencias a partir de una autoevaluación de pobreza multidimensional.
“Cada familia paraguaya podrá elaborar un plan de salida de pobreza familiar con la guía del extensionista familiar, priorizando sus necesidades y especificando cómo la misma familia contribuirá a resolver sus carencias”, subrayó.
Objetivo es eliminar la pobreza
La intención es que con esta información el Gobierno elabore un Plan de Eliminación de la Pobreza (PEP) estableciendo metas y objetivos a ser alcanzados. Este plan servirá para reorientar los recursos y servicios existentes en las distintas dependencias estatales, tanto del Gobierno Central como de las entidades binacionales, los municipios y gobernaciones para servir a las prioridades de las familias.
Asimismo, la propuesta indica que el Ministerio de Hacienda deberá crear un programa presupuestario nacional de eliminación de la pobreza en cada dependencia estatal para blindar los recursos del Plan de Eliminación de las Pobreza en el Presupuesto General de la Nación.
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“Este presupuesto requerirá la utilización de la técnica de presupuesto basado en resultados, vinculando la asignación y el uso de los recursos asignados a las instituciones con los resultados a alcanzarse con los mismos”, añade la nota.
Asimismo, se deberán establecer incentivos fiscales para que el sector privado y la sociedad civil impulsen acciones que reduzcan el gasto público y contribuyan a la eliminación de la pobreza de sus respectivos empleados y beneficiarios, como así también de las comunidades de su área de influencia.
Con la pandemia del coronavirus distintos sectores urgen una inmediata reforma del Estado para establecer equidad y poner fin a los privilegios y abusos.
