El titular del Senado, Óscar Salomón, analizó la situación política del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien se encuentra recluido en la Agrupación Especializada por orden de la jueza Cinthia Lovera.
Salomón dijo que le preocupa toda la situación y teme que se compruebe que la Justicia esté siendo manejada por algún sector político. Consideró que todo eso podría ser fluctuoso y un retroceso histórico.
“Me preocupa que se compruebe que la Justicia está siendo maneja por algún sector o una persona importante, para el país eso sería realmente fluctuoso y preocupante”, aseveró en contacto con radio Monumental 1080 AM.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppManifestó que tiene pensado visitar este sábado por la mañana a Efraín Alegre en la Agrupación Especializada e indicó que algunos senadores también tienen pensado ir a verlo.
“Estoy conversando y probablemente voy a ir a visitarlo. Yo creo que muchos dirigentes políticos tienen que estar preocupados por la cuestión. Si esto le sucede a Efraín, que es presidente un partido, esto puede sucederle a cualquier dirigente, incluso dentro del Partido Colorado”, advirtió el titular del Senado.
En otro momento, fue consultado si confía en todo el sistema de Justicia y contestó que debe confiar, ya que él forma parte de un poder del Estado. “Tengo que confiar, soy parte de un poder del Estado. Quiero seguir confiando”, añadió.
Por su parte, el senador por el movimiento Honor Colorado Sergio Godoy consideró que el titular del PLRA convierte un hecho judicial en algo político y alegó que toda la situación “le va a dar un aire nuevo”.
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Ya en agosto del 2020 fue decretada la prisión preventiva para Efraín Alegre, quien tenía prohibido salir del país y cambiar de domicilio, a más de una fianza de G. 150 millones.
La disposición de la magistrada se dio porque no cumplió con las medidas alternativas en el marco de una imputación por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la investigación, el documento en cuestión tiene que ver con una factura por G. 98 millones a nombre de la institución política, emitida en julio de 2018.
