“He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Empezará a regir a las 15.00 (20.00 GMT). Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, dijo el presidente, Lenín Moreno, en un mensaje por redes sociales.
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Asimismo, el Ministerio de Gobierno Ecuador (Interior) pidió a la ciudadanía que acuda a sus viviendas, por el inicio de disposición presidencial.
“Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales”, agregó.
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He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia.
— Lenín Moreno (@Lenin) October 12, 2019
La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.
La decisión la tomó Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.
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El resultado fue la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras.
Curiosamente, siguió a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que aceptó la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.
A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en “un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales”, se indica en un comunicado.
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Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo con el FMI, que aportó USD 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.
