Sabemos que los accidentes de tránsito se han convertido desde hace tiempo en un grave problema para la salud pública. Además de tener consecuencias sociales en las personas y en las familias, se debe agregar que incide en lo económico, ya que la atención a los accidentados impacta directamente en el presupuesto de la salud pública. Las autoridades nacionales y municipales deben asumir con mayor seriedad y rigor esta problemática; no basta con elevar los controles si no se pone énfasis en la educación y concienciación ciudadana.
De acuerdo con los informes de la Policía Nacional y la de Tránsito,
aproximadamente el 30% de los accidentes fatales que ocurren en Asunción se relacionan con el exceso de velocidad. Esta situación no es reciente, y es con razón calificada de epidemia, una que se viene gestando desde hace años. La actual realidad responde precisamente al hecho de que las autoridades no han tomado las medidas necesarias a tiempo, por lo cual el problema ha ido creciendo.
Una de las primeras reflexiones necesarias es asumir una condición. El Paraguay, al no ofrecer un eficiente servicio de transporte público, ha ido forzando a la población a resolver su problema de movilidad recurriendo a la compra de un vehículo, sea automóvil o motocicleta. Esto tiene como resultado, por un lado, el caos cotidiano del tránsito que todos conocemos, pero también el aumento de los accidentes.
De acuerdo con los datos estadísticos de la Dirección del Registro de Automotores, el parque vehicular ha crecido en forma ininterrumpida, superándose cada año la cantidad registrada; de ahí que el dato del año 2022 reportaba que el parque de autovehículos creció en un 5,3% respecto del año anterior; el parque de automóviles aumentó 4,9% y las motocicletas un 4,6%. No es un error deducir que este hecho tiene una incidencia directa en lo que se denomina la siniestralidad vial.
Los siniestros de tránsito son, sin lugar a dudas, un problema de salud pública por el gran impacto social y económico. Se estima que representan el 1,5% del PIB, y que los costos directos de atención de pacientes traumatizados van de USD 682 a USD 780 por día, cifra que contempla ingreso a terapia, según datos del Ministerio de Salud.
Para poder resolver el problema es importante conocer las causas; por ello, se cuenta entre los motivos del aumento de los siniestros de tránsito los errores humanos, la conducción distraída y la infracción a las normas de tránsito. Así también, la carencia de un horario escalonado para el ingreso a labores diferenciado para evitar las horas pico y la carencia de restricciones la para la circulación según el tipo de vehículos. Un elemento que se debe agregar a la ecuación es la utilización indiscriminada del teléfono celular y que se convierte en un elemento distractor de gran incidencia, al tiempo de ser considerado la causa más frecuente de atropellamiento, y causante de accidentes viales en conductores que utilizan sus celulares mientras conducen sus vehículos.
Para cambiar esta realidad se impone que las autoridades asuman la gravedad del problema; por tanto, se debe realizar un trabajo interinstitucional entre el Gobierno central y las municipalidades. No son suficientes las usuales reacciones que ofrecen: Controles y aumento de los castigos; cuando se plantea instalar radares y monitoreo de la velocidad, así como también aumentar los controles vehiculares.
Ninguna de estas medidas resolverá el problema si no pone énfasis en una rigurosa inspección técnica vehicular, aumento de exigencias para la expedición de los registros de conducir y educación vial de calidad. Un detalle que no se puede dejar de mencionar es el nivel de confianza del ciudadano en las autoridades que hacen los controles en calles y rutas. Sin transparencia y una lucha contra la corrupción los controles ni aumentar la presencia de agentes en zonas de alto tráfico para supervisar y sancionar, no servirán como alternativas.
Es importante que las autoridades tomen las decisiones considerando los datos que muestran una radiografía de la realidad. Precisamente estos datos deberían suponer una alerta que justifica acciones inmediatas y decididas; es necesario un mayor compromiso y trabajo coordinado para detener la epidemia de accidentes.
