En estos días se inicia la discusión del proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso. Este es un tema recurrente en nuestro análisis, por la importancia que tiene para la sostenibilidad de las finanzas públicas, en particular en años electorales como este, y por la necesaria convergencia de la política fiscal al límite de déficit previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente, luego de 4 años de excederlos de manera excepcional a causa de las sequías recurrentes y de la pandemia de la Covid-19. La política fiscal es la principal ancla de una economía ordenada para generar previsibilidad en las variables macroeconómicas que son fundamentales para consolidar la confianza, fomentar la inversión, incrementar el dinamismo económico y las oportunidades de empleo e ingresos para la gente.
Este proyecto de Presupuesto es la continuidad y reproduce los vicios y las bondades que tienen los anteriores. Los aspectos principales que afectan la distribución de los recursos adicionales que serán generados por los impuestos, royalties y las diversas tasas y contribuciones que pagamos los ciudadanos, están centrados en solventar el incremento en los gastos rígidos y salariales originados por tres factores: primero, el último reajuste del 16% a maestros dentro del acuerdo alcanzado en el 2017 con el cual el salario básico profesional mensual rondaría los G. 3.600.000 por medio día de trabajo; segundo, consolidar las ampliaciones del servicio público de salud que se realizaron en la pandemia, que hasta ahora son pagados con endeudamiento público, inclusive las remuneraciones del personal de blanco incorporado, que serán solventados a partir del 2023 en su totalidad con recursos ordinarios del tesoro; y, tercero, el impacto del reajuste del salario mínimo y los ajustes automáticos por inflación para las fuerzas de seguridad, las jubilaciones y pensiones, el déficit de la Caja Fiscal, etc. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, estos aumentos de gastos permanentes y rígidos totalizan el sustancial monto de USD 463 millones, más del 1% del PIB.
Por otro lado, continúa la reducción gradual de los estímulos fiscales que fueron implementados para mitigar los efectos en la economía de las dos sequías, 2019 y 2022, y de la pandemia entre 2020 y 2021 y sostener la actividad económica. La inversión pública alcanzó un pico del 3,6% del PIB en el 2020 frente al 2% del PIB que había representado en el 2018, año previo al inicio de esta política anticrisis. La inversión pública debe volver a un nivel compatible con el ritmo de endeudamiento máximo del 1,5% del PIB fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que según el plan de convergencia del Ministerio de Hacienda sería en el año 2024. Cumplir esta convergencia es un gran desafío y determinante para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro. No olvidemos que como resultado de esta política anticrisis, la deuda pública aumentó del 18% al 34% del PIB entre el 2018 y el 2022, incrementando sustancialmente la vulnerabilidad de las finanzas públicas del país. A agosto de este año el saldo rojo del Fisco aún es muy alto, el 3,5% del PIB, y Hacienda solicita al Congreso una autorización de déficit del 2,3% del PIB para el presupuesto 2023, dentro del plan de convergencia.
Nuestra demanda de mejorar la calidad del gasto público requiere llevar adelante reformas legales y estructurales que el Gobierno no encaró en los tiempos posibles, tal vez por falta de convicción o por las prioridades diferentes que le impusieron los distintos choques que afectaron al país, pero la urgencia de estas es cada vez mayor y quedarán a consideración del próximo gobierno. En este Presupuesto, lo que pedimos a los parlamentarios y al Congreso en su conjunto es que no aprueben gastos adicionales, mucho menos de gastos rígidos, a pesar de los tiempos electorales y las grandes demandas que existen. Si logramos esto, podremos cumplir la convergencia fiscal, recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, como resultado, alcanzar el grado de inversión en la calificación internacional del país, el hito económico más importante para acelerar el ritmo de desarrollo económico y social en la próxima década.
