La Ley de Presupuesto Público, junto con el resto del marco legal como las leyes relacionadas con el manejo de los funcionarios públicos, de los conflictos de interés, de las puertas giratorias, de la captura, del nepotismo y de las compras del sector público está impidiendo que la población paraguaya viva mejor.
Estas normas son fundamentales para un buen funcionamiento del Estado y de la democracia. Sin embargo, en su funcionamiento como sistema solo está sirviendo para beneficiar a un pequeño grupo de políticos, funcionarios públicos de alto rango y financistas de campañas políticas.
Le están dejando de lado a casi el 99% de la población que necesita los servicios públicos porque no cuenta con dinero para comprar su generador eléctrico, ir al exterior o pagar su propio tratamiento médico en el sector privado, contratar su servicio de seguridad o comprar una moto o un auto.
Un Estado que funciona mal en servicios básicos termina generando clientelismo político y negocios privados de los que se benefician unas pocas familias de este país a costa de la mayoría de las familias que además, necesitan endeudarse, para adquirir todos estos bienes y servicios.
Estamos ante un contexto de caída persistente de los ingresos reales desde mas de 10 años, lo que genera además una mayor vulnerabilidad económica porque la mayoría de los empleos no cuenta con seguridad social. Estamos generando los pobres del futuro en un contexto de rápido envejecimiento, tal como lo señala el nuevo censo.
El Presupuesto Público, tal como se está aprobando, muestra que las consecuencias de la austeridad serán asumidas por la población en general. Esta austeridad es la que genera ineficiencia, ya que personal de blanco sin insumos y medicamentos no cura; docentes tratando de enseñar a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad sin protección social no aprenden; extensionistas sin movilidad y semillas no contribuyen a aumentar la producción de alimentos; ANDE sin infraestructura genera cortes de energía.
Esa ineficiencia se traslada al resto de la población. Por ejemplo, la inflación de alimentos y los cortes de energía aumentan los costos de los emprendimientos y reducen la productividad. El encarecimiento de alimentos sanos se traduce en el reemplazo por alimentos más baratos y calóricos, pero que incrementan las enfermedades, aumentando los costos públicos y privados en salud.
Con un Presupuesto que no funciona bien ganan unos pocos, aunque perdemos casi todos. Paraguay está perdiendo la oportunidad de aprovechar los recursos con que cuenta antes de perder el bono demográfico y enfrentar un futuro con mucha incertidumbre, debido a los costos por la crisis climática y de la deuda.
La provisión de bienes públicos y comunes es una condición indispensable para avanzar hacia el desarrollo con un crecimiento económico inclusivo y resiliencia climática. Si la política fiscal no contribuye a estos objetivos significa que no sirve para la gente; por lo tanto, se vacía su contenido ético y pierde su sentido prioritario.
