El Ministerio de Hacienda entró desde la semana pasada en la etapa final de formulación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año que se viene.
De acuerdo con el marco legal vigente, tras recibir los anteproyectos de las diversas instituciones que conforman el Estado paraguayo, la cartera fiscal es la encargada de consolidar todas las propuestas en un proyecto de ley único que se entrega al Parlamento cada año antes del 2 de setiembre.
Después de dos años de pandemia, si algo se ha evidenciado, y hasta profundizado, es la ineficiencia del Estado.
La histórica crisis sanitaria nos volvió a mostrar las vulnerabilidades de un Estado, cuyos principales actores políticos a lo largo de los años la han usado como un modo de enriquecerse los bolsillos y de pago de favores, dejando de lado las políticas o programas que tengan como fin mejorar la calidad de vida del resto de la gente.
Esa forma de hacer política generó una rigidez altísima del Presupuesto público que ha obligado al Tesoro Nacional a endeudarse por más de 4.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, evitar un colapso casi total de la economía y hasta para sostener el mismo funcionamiento del Estado. Esta situación hizo que este 2021, por tercer año consecutivo, se incumpla el tope del déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Social (LRF) y que la presión sobre las finanzas públicas vaya en peligroso aumento, considerando principalmente el elevado ritmo de crecimiento del pasivo, la baja presión tributaria y la escalada de los gastos.
Esa presión cada vez más fuerte sobre las finanzas públicas, al mismo tiempo, empuja al Ministerio de Hacienda a apretarse los cinturones en el 2022 en busca de ir retornando a los niveles prepandemia, principalmente, en cuanto al gasto y al déficit fiscal.
Entendiendo todas las conquistas de los trabajadores del sector público, y hasta reivindicando varias de ellas, lastimosamente este no es el momento para que se puedan cumplir con los aumentos salariales o con la repartija de gratificaciones, así como tampoco es viable la masiva creación de cargos para ampliar un plantel que hoy le cuesta al Fisco aproximadamente el 76% de todo lo que recauda en impuestos, pero que no genera eficiencia ni brinda servicios de calidad.
Los tiempos llaman a ser moderados con el gasto público. Mientras algunos rubros de los sectores secundarios y terciarios sigan rezagados o levantándose muy lentamente, es inoportuno pedirle más y más aportes solo para seguir por la senda del despilfarro sin cargo de conciencia ni culpables.
Tras un año de enormes dificultades presupuestarias, fiscales y financieras, el Gobierno también debe ir pensando en reducir la toma de nueva deuda. Si bien es cierto que el ritmo de inversiones no debe desacelerarse en demasía, considerando su efecto multiplicador en la economía, es imperiosa una revisión de los sistemas de ingresos y gastos para que el pasivo no se convierta en un negro legado para las siguientes generaciones. No es una mala idea la creación de un fondo de reserva, como se llegó a pensar en algún momento, pero para eso es evidente que debe haber una hoja de ruta clara y sin curvas populistas.
Se vienen tiempos aún complicados para la administración pública. La pandemia de algún modo acentuó el malhumor social por las enormes desigualdades y la carencia de un Estado que garantice salud, seguridad o servicios dignos, y un primer paso en busca de ir achicando las brechas es un Presupuesto Público que esté enfocado en mejorar el bienestar general.
Se dice repetidamente que por el Presupuesto Público cada ciudadano pueda saber qué es lo que quiere un Estado. Si las lecciones de esta crisis han sido apuntadas por las autoridades, veremos un Presupuesto razonable, sincero y, por sobre todo, acorde con la realidad.