El primer aspecto por resaltar es que el Presupuesto ratifica el plan de convergencia fiscal anunciado por el ministro de Economía, luego de corregir las cifras fiscales el año pasado, incorporando gastos, inversiones y deudas, principalmente del MOPC y del Ministerio de Salud, y que resultaron en un déficit fiscal del 4,1% del PIB en el 2023, muy por encima del 2,3% del PIB que había sido fijado como meta para ese año por el gobierno anterior dentro de su plan de convergencia, que debería haberse completado en el 2024. Ante el importante desvío del plan original, el nuevo Gobierno recalendarizó el plan de convergencia con déficit proyectados del 2,6% para el 2024, 1,9% para el 2025 y completando la convergencia al 1,5% del PIB en el año 2026, tope previsto en la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal, un ancla fundamental de la política fiscal del Estado. En la ejecución del Presupuesto del presente año, se observa que la meta de déficit será cumplida, gracias a un muy buen desempeño de las recaudaciones tributarias, que están creciendo un 20% respecto al año pasado; una importante contención de los gastos salariales, cuya ejecución a agosto refleja un incremento del 7,4% respecto al año anterior; y a una reducción de las inversiones públicas. Estas señales de política fiscal fueron positivas en preservar la responsabilidad fiscal y habrán jugado un papel importante en el otorgamiento del grado de inversión por parte de la calificadora internacional Moody´s.
El otro aspecto resaltante es la priorización de las políticas sociales en la asignación de recursos. En un escenario de recursos limitados, que es más fuerte aún dado el proceso de reducción del déficit fiscal es estrictamente necesario definir un criterio de prioridades para asignar los recursos adicionales que se proyectan para el próximo año, considerando que las necesidades insatisfechas son muy importantes en todas las áreas de los servicios públicos, más aún en un país en desarrollo como el nuestro. Los recursos adicionales para el 2025 estimados por el MEF ascienden a USD 860 millones, los cuales están distribuidos en el proyecto en casi un 30% para ampliar programas sociales como el de Hambre Cero y las pensiones a la tercera edad. Si agregamos los recursos adicionales para educación y salud, esta participación se incrementa al 53%. El resto va a sufragar el aumento en el costo de intereses de la deuda pública (23%), en los servicios de seguridad (12,5%), de justicia (6%), y, llamativamente, se prevé un importante monto de USD 47 millones para inversiones en el área de deportes. El gran ausente es el MOPC que no recibirá recursos adicionales, pero encarará algunos proyectos con financiamiento privado a través de la Ley de APP y la Ley de llave en mano. Por otro lado, varios proyectos de inversión en agua y saneamiento, reparación de escuelas y construcción de hospitales serán financiados con los fondos sociales de la Itaipú Binacional, que nuevamente no fueron incluidos dentro del PGN, algo que el Gobierno debiera revisar en la búsqueda de mayor transparencia en la ejecución de estos importantes recursos que ascienden a aproximadamente USD 650 millones por año.
En resumen, el proyecto de PGN para el 2025 es consistente con el plan de convergencia fiscal, muy importante para consolidar el grado de inversión que recientemente obtuvo el país, y refleja una prioridad del gobierno de Santiago Peña en asignar recursos a políticas sociales que impacten positivamente en la población. La estimación de ingresos presentada coincide en gran medida con las que hemos hecho en Dende. Está en manos del Congreso mantener estos criterios fundamentales, en especial no ampliar el plan de gastos e ingresos, dada la estrechez de los recursos disponibles. Debemos reconocer positivamente que el Congreso no ha modificado sustancialmente los presupuestos desde la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2014.
