El proyecto de ley enviado prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,8% para el año 2024, así como una inflación del 4,0%. Si bien estos datos son positivos ya que el PIB crece más que la población, por lo tanto hay suficiente para distribuir, y el incremento de los precios se estabiliza en niveles relativamente bajos después de dos años de aumentos fuera del promedio, es necesario profundizar el análisis dados los altos niveles de desigualdad y pobreza que persisten en el país y el escaso efecto multiplicador del crecimiento en el mercado laboral.
El PIB viene creciendo a un promedio anual de 3,7% desde hace dos décadas, lo que, según el Banco Mundial, ubica a Paraguay entre los países de ingreso medio-alto, con lo cual se acumula un crecimiento. En términos reales, el producto interno bruto se duplicó.
Con esta tasa de crecimiento, en los primeros 10 años se logró reducir la pobreza hasta que se estancó en alrededor de un cuarto de la población, pero con al menos la mitad de población vulnerable a caer en pobreza. La desigualdad se redujo levemente, pero en el último año registró un aumento que nos hizo retroceder a niveles anteriores a la pandemia.
La informalidad laboral se mantiene sin cambios en alrededor del 65%, con niveles que llegan al 85% en los sectores más dinámicos como el de las construcciones.
Esto debería llamar poderosamente la atención, ya que el país podría haber aprovechado el boom de los commodities y de las construcciones para formalizar el trabajo, garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y reducir la probabilidad de pobreza en la vejez. Pero en lugar de ello en los últimos años se acentuaron los problemas de cada uno de los subsistemas jubilatorios. Todo ello sin considerar la pérdida de oportunidades que ofrecía el bono demográfico.
La mirada más atenta a la inflación nos ofrece también la posibilidad de alertar sobre un aspecto central para la calidad de vida y la conflictividad social.
Si bien el índice de precios al consumidor promedio se mantuvo por debajo de los dos dígitos, la inflación en el rubro de alimentos fue 50% superior, siendo este el que tiene mayor impacto en la canasta familiar.
El deterioro de los ingresos laborales reales a pesar del crecimiento económico tiene como una de sus causas la inflación y, en términos de la percepción ciudadana, este es un problema grave ya que afecta de manera directa a la calidad de vida y de su alimentación.
La inflación en alimentos y especialmente de frutas y verduras es inadmisible en un país agropecuario. Es el resultado del abandono de la agricultura familiar y de la falta de políticas públicas y presupuesto suficiente, situación que se agrava con la crisis climática, que no parece ser objeto de preocupación por parte de la política fiscal.
Estos nudos críticos escondidos en los promedios nacionales y en éxitos macroeconómicos relativos exigen transformaciones estructurales con políticas laborales activas y de desarrollo productivo casi ausentes en la política pública y, por ende, en el Presupuesto General de la Nación.
Sin mayores y mejores oportunidades económicas la pobreza monetaria continuará por los bajos ingresos laborales de las personas adultas, las desigualdades persistirán y el riesgo de conflictividad social e inseguridad ciudadana tenderán a incrementarse.
El presupuesto en seguridad será siempre insuficiente y las cárceles, además de costosas, ineficientes, ineficaces como política, solo continuarán generando más delincuentes.
