En los próximos días el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al año 2022 para su consideración y aprobación. Por la relevancia que tiene las finanzas públicas para la estabilidad macroeconómica así como la tiene una racional asignación de los recursos fiscales para la cantidad y calidad de los servicios públicos que el Estado provee, los ciudadanos debemos prestar mucha atención al proceso de aprobación presupuestaria.
En este sentido, es importante comprender que este presupuesto es de transición.
A nivel macroeconómico, llevamos tres años sucesivos de altos déficits fiscales que excedieron el tope fijado en la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal y a cuyos umbrales es fundamental que retornemos para estabilizar el nivel de endeudamiento del Estado. Estos elevados déficits fueron necesarios y muy importantes para implementar una política fiscal transitoriamente expansiva para mitigar los efectos negativos de la sequía del 2019 y de la pandemia de la Covid-19 estos últimos dos años. Como consecuencia, el nivel de endeudamiento del país saltó del 18,3% en el 2018 al 33,5% del PIB este año 2021, que si bien sigue siendo un nivel sostenible para nuestro país, reduce nuestra capacidad de enfrentar algún shock negativo interno o externo que seguramente ocurrirán en los próximos años.
Según los indicadores de coyuntura generados por el Banco Central del Paraguay, la actividad económica está en proceso de recuperación. Asimismo, el ritmo de inmunización de la población se ha acelerado en los últimos meses y la normalización de las actividades económicas se completaría en el transcurso del próximo año. La recuperación de la economía impacta positivamente en los ingresos tributarios que se suman a los ingresos adicionales que genera la última reforma tributaria. Además, va desapareciendo la necesidad de un impulso fiscal en términos de inversión pública transitoria adicional. Por lo tanto, el presupuesto del 2022 debería reflejar un avance sustancial hacia la normalización de la política fiscal y el retorno a los topes establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
A nivel microeconómico, en la asignación de los recursos fiscales también es un año de transición. Si bien la vacunación está avanzando de manera acelerada y los índices de contagio se han reducido, la pandemia seguirá presente aún el próximo año y será necesaria la adquisición de más dosis de vacunas. Además, es fundamental sostener los niveles de servicio hospitalario cuyas capacidades fueron ampliadas y sus costos operacionales deben ser previstos en el presupuesto.
De la misma manera, los proyectos de inversión pública en ejecución deben tener continuidad hasta su finalización y el inicio de nuevos proyectos tiene que alinearse al ritmo de financiamiento compatible con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Con estas consideraciones y manteniendo las políticas de austeridad en términos de salarios públicos, prohibiendo la contratación de nuevos funcionarios y otros gastos no prioritarios, según nuestras proyecciones será necesario un déficit fiscal de entre el 2,0% y el 2,5% del PIB para tener un presupuesto ejecutable el próximo año. Por lo tanto, el retorno al tope previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal será posible recién para el año 2023, último año del actual período de gobierno.
Con este panorama, los recursos genuinos que razonablemente podrá recaudar el Tesoro no alcanzarán a cubrir los desembolsos que necesita realizar el Estado para mantener el actual nivel de servicios públicos y dar continuidad a los proyectos de inversión pública en ejecución. Será necesario endeudarnos nuevamente por encima de lo previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal por cuarto año consecutivo para evitar males mayores. Por lo tanto, apelamos a la conducta responsable, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, que eviten el electoralismo y aprueben un presupuesto austero y realista que nos permita salir bien parados de estos años de emergencia.
