Las demandas de la ciudadanía por mejores servicios de salud, seguridad, educación, transporte público, jubilación, etc. son cada vez más evidentes, así como los pedidos de mejoras salariales de funcionarios de todas las reparticiones del Estado. El gobierno se ha comprometido a no modificar el sistema tributario durante su mandato, lo cual obliga a administrar el Estado con mucha austeridad y ser muy puntillosos en la priorización para asignar los escasos recursos disponibles.
Ante esta realidad, al analizar la evolución del gasto público en los últimos años, podemos observar que el gobierno ha priorizado subsidios, jubilaciones y salarios de maestros. Además, tuvo que afrontar los costos de una creciente deuda pública, y, en consecuencia, ha negado o retaceado recursos para reconstruir escuelas, comisarías, hospitales, cárceles, etc. que se caen a pedazos y para proveerles de equipamientos e insumos y se han congelado las remuneraciones de otros segmentos del funcionariado público. Sin embargo, una prestación de servicios de calidad requiere capacitar funcionarios, una infraestructura física y de equipamientos adecuados, plataformas de atención masiva físicas y digitales, una arquitectura tecnológica robusta, insumos de calidad en tiempo, etc., todo esto en una capacidad y cantidad dimensionadas en base a la demanda estimada para cada uno de los servicios. Ante la ausencia de todos estos componentes, los servicios son insuficientes y de pésima calidad.
En esta etapa del desarrollo económico, así como de la dinámica y estructura poblacional de nuestro país, debemos priorizar la asignación de recursos en crear las bases que nos permitan seguir avanzando. Debemos priorizar los programas para mejorar la calidad de la educación pública básica, media y técnica, el acceso universal a servicios de salud, a un transporte público eficiente y de calidad e invertir en infraestructura para tener una logística eficiente. Si lo hacemos, en los próximos años tendremos personas más calificadas, saludables, eficaces, emprendedoras y lo suficientemente competitivas para generar ingresos suficientes para tener un mayor bienestar.
Para eso, primero tenemos que optimizar los recursos. Es necesario introducir meritocracia en el funcionariado público, tanto en el acceso a los cargos como en el desarrollo de un plan de carrera; con sistemas de remuneraciones que generen previsibilidad económica y promuevan la actualización permanente y la eficiencia en el trabajo. Esto requiere una nueva ley de la función pública que apunte a eliminar las viejas prácticas de clientelismo. También es el momento de crear un sistema de jubilaciones de cobertura universal, equitativo y financieramente sostenible que permita a las personas ahorrar lo necesario para tener una vejez autónoma y plena. Se deben corregir los programas de jubilaciones actuales que están quebrados y son altamente inequitativos y regresivos. Las pensiones graciables financiadas con impuestos deben estar solo para dar un nivel de subsistencia a las personas que no aportaron lo suficiente para generar su propia jubilación. Si utilizamos gran parte de los recursos tributarios en pagar pensiones graciables y subsidiar el barril sin fondo que son las cajas de jubilaciones, no quedará lo necesario para financiar los servicios públicos fundamentales para impulsar el desarrollo.
Es necesario ordenar la casa, planificar y priorizar la mejora de los servicios públicos fundamentales. Los recursos son cada vez más escasos y el margen de endeudamiento prudente se ha agotado. Si bien la mantención de la tarifa de Itaipú puede aportar recursos adicionales muy valiosos, los mismos son inciertos y transitorios, por lo cual deberían utilizarse exclusivamente para gastos de capital. No se puede hacer todo al mismo tiempo, debemos ser muy disciplinados y superar la cultura de improvisación que sigue primando en nuestras acciones. Es difícil, pero no imposible. Estas cosas básicas son las que hicieron y hacen bien los países que hoy en día son desarrollados.
