En el país, ¿necesitamos una primavera de indignación? Una que florezca para exigir servicios públicos eficientes, una primavera que mueva los cimientos del abandono del Estado y la falta de políticas públicas que tienen una millonaria deuda con los ciudadanos en cuestiones de transporte público y acceso universal a la salud. Una primavera paraguaya que exija un país digno para los niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores.
La primavera este año llegó con su manto de humo, con su manto de falencias en transporte público y con su manto de madres que harían lo que sea para asegurar el tratamiento contra el cáncer de sus hijos.
Las noticias diariamente nos muestran un sistema de salud tanto pública como del Instituto de Previsión Social (IPS) con carencias que golpean los bolsillos vacíos de las familias. Un sistema de servicios que aún no logra romper las barreras burocráticas para garantizar el acceso, provisión y abastecimiento a las farmacias de los hospitales públicos. En el IPS persisten estas falencias, que afectan principalmente a los pacientes con cáncer, por los altos costos de los medicamentos que van desde G. 10 millones hasta G. 20 millones. Una madre, en medio de la desesperación, se disculpó por pensar que incluso se “prostituiría” como una medida extrema para poder juntar el dinero necesario para la compra de fármacos a fin de tratar a su hijo con cáncer. La fuerte frase refleja la desesperación de una madre por los gastos de bolsillos, que no abastecen ni con rifas ni “vaquitas”.
A los asegurados, más allá del problema administrativo y financiero del IPS no les sirven las respuestas de “no hay plata”, argumento que siguen sosteniendo desde hace un año, pero aún no se logra revertir.
En el informe La Deuda de la salud de Amnistía Internacional –según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2022)– se calcula que solo una de cada cinco personas en Paraguay tienen acceso a la salud a través del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que más del 70% no contaba con ningún seguro, por lo que tienen que ser atendidas por el Ministerio de Salud Pública. Esta realidad es tajante.
A las deudas en salud, se suma la del transporte público, deficiente que ya afecta a la salud mental, según un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Estrés, ansiedad y frustración por la mala calidad de transporte público tiene consecuencias en la salud mental. Incluso, los usuarios pierden 3,7 horas en el transporte público para llegar a sus hogares. Para el doctor Julio Torales, siquiatra e investigador, esta pérdida de horas en el transporte genera, a su vez, una pérdida significativa de tiempo y afecta el bienestar emocional de los usuarios. Ante este panorama, surgen las preguntas: ¿Cuándo el Estado brindará un servicio de transporte eficiente? ¿Es la salud un valor inconmensurable? ¿Es un privilegio? ¿Es un derecho garantizado en el país?
