EFE - María Sanz
Se trata de una superficie de 4.499 hectáreas que en junio de 1969, en plena dictadura, el Estado adjudicó a la empresa Perfecta S.A.M.I., dedicada a importar y comercializar armas y municiones, en permuta por un avión valorado en tres millones de guaraníes (unos 535 dólares).
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), a la que pertenecen los pobladores de Primero de Marzo, denuncia que la adjudicación de estas tierras fue ilegal y argumenta, entre otras razones, que la ley no autoriza a transferir una finca a una empresa mercantil como Perfecta, sino únicamente a productores sujetos a la reforma agraria.
Critican además que el terreno, cuya tierra rojiza y arcillosa es excepcionalmente fértil, no está “racionalmente ocupado para la producción” por parte de la empresa, mientras que en la zona miles de campesinos sin tierras reclaman un espacio donde cultivar sus alimentos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppCansados del hambre y las penurias económicas, varias familias campesinas, con el apoyo de la OLT, entraron el 1 de marzo de 2012 en la finca y fundaron un asentamiento donde vivir y producir.
A lo largo de estos cuatro años, cultivos de maíz, mandioca, batata, caña de azúcar, calabaza o papaya han brotado en el terreno y han permitido alimentarse a las más de 1.600 personas que hoy integran Primero de Marzo.
Pero, desde sus comienzos, los agricultores enfrentaron el peligro: la familia Bendlin, propietaria de la empresa a la que el Estado cedió las tierras, denunció la ocupación de la finca ante la Fiscalía y desató la persecución contra los campesinos.
En tres ocasiones cientos de policías con armas de guerra intervinieron en el asentamiento para desalojarlo, mientras que personal de seguridad privada irrumpió al menos dos veces en la finca, quemó casas y cultivos, robó ganado y dejó personas heridas, contó a Efe Verónica García, una de las pobladoras, que calificó a estas incursiones de “pesadillas”.
Para García, Primero de Marzo, adonde llegó hace dos años con dos de sus seis hijos, supuso una salvación después de que quedara sin trabajo y con muchas dificultades para subsistir en la cercana ciudad de Curuguaty.
“En la ciudad, si no tienes trabajo, no puedes vivir. En cambio en el campo, aunque no tengas trabajo, construyes tu casa, cultivas tu comida y tienes lo necesario”, expuso.
Sin embargo, la amenaza de un nuevo desalojo violento, que podría ser inminente, y los estrictos controles de policías y militares en los accesos al asentamiento hacen de su hogar un terreno sitiado.
La agricultora recordó que cerca de un centenar de pobladores del asentamiento se encuentran imputados por la Fiscalía con cargos como asociación criminal o abigeato y se arriesgan a ser detenidos si tratan de salir.
Pese a la creciente tensión, los campesinos mantienen su reclamo: quieren que el Estado recupere las tierras adjudicadas ilegalmente en la dictadura y que ceda unas 3.300 hectáreas de la finca a los agricultores sin tierras de Primero de Marzo, explicó a Efe Jorge Mercado, líder del asentamiento.
“Sabemos que las tierras son del Estado. Le pedimos que frene el desalojo y recupere las tierras para tener 10 hectáreas cada uno de los campesinos, donde podamos vivir y trabajar”, recalcó.
Tanto la OLT como otras organizaciones campesinas consideran los terrenos donde se encuentra Primero de Marzo un ejemplo paradigmático de “tierras malhabidas”, como se conoce en Paraguay a las fincas adjudicadas de forma irregular en la dictadura y que suman casi ocho millones de hectáreas en el país, según la Comisión de Verdad y Justicia.
La tenencia ilícita de tierras es especialmente preocupante en un país como Paraguay, donde el 85% de la superficie cultivable está en manos del 2 % de la población, según datos de la ONG Oxfam, y donde al menos 300.000 personas carecen de tierras para vivir o producir su alimento, según la Federación Nacional Campesina (FNC).
